La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, pidió hoy a las autoridades peruanas garantías para la vida de Gisella Ortiz, Raida Cóndor y demás familiares de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, en previsión de posibles acciones violentas por parte de militantes fujimoristas.
Gloria Cano, abogada de APRODEH, señaló que el atentado del domingo último contra el monumento “El Ojo que llora” es un mensaje directo de amedrentamiento y agresión contra los familiares de las víctimas, fundamentalmente contra Ortiz y Cano, quienes fueron pilares fundamentales en el proceso de extradición de Alberto Fujimori.
Detalló que no es casual que se haya atentado contra un monumento que representa a las víctimas del terrorismo en el país, “máxime si fue ahí donde los familiares realizaron una vigilia y esperaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que finalmente concedió la extradición”.
La abogada de APRODEH recordó además que anteriormente ya varios familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos han recibido amenazas directas y coronas de difuntos en sus casas, en tanto que la fachada del local de esa asociación, que presenta un gran panel con una alegoría a los derechos humanos, ha sido pintarrajeado hasta en tres oportunidades y varios de sus empleados fueron agredidos.