Carlos Chirinos, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental estimó que el conflicto suscitado entre las comunidades piuranas que se oponen a las actividades de la minera Majaz en sus territorios, es muy complejo y requiere generar espacios de diálogo para enfrentarlo y llegar a un punto medio con la participación directa del pueblo, la empresa, el gobierno y la autoridad ambiental.
El experto estimó que en sí los conflictos no son malos pues forman parte de la explotación de los recursos naturales y en ellos siempre las partes involucradas tendrán sus propias percepciones e intereses.
Planteó por ello sacar la competencia de aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, EIA, de la competencia de la autoridad sectorial paga ganar la confianza de la población, y hacer esfuerzos por involucrar más activamente a las población local y comunidades en una lógica de participación de sus propias estrategias de desarrollo y en donde se defina donde, cuando y de qué manera se puede llevar a cabo la actividad minera.
El experto advirtió que se están repitiendo problemas y debates suscitados anteriormente en el conflicto con la minera Mahattan, y por ello señaló que más que la ilegalidad o no de la consulta, el tema que se debe analizar y resolver son los requisitos previos que se deben establecer en el marco de una autoridad ambiental autónoma para determinar en que casos se puede hacer una actividad minera y cumplir asimismo con las exigencias sociales y ambientales de la zona.