El Estado debería garantizar el presupuesto y el personal calificado para continuar con los servicios del Centro de Emergencia Mujer (CEM) cuando estos pasen a los gobiernos locales en el marco del proceso de descentralización, sostuvo la representante del Estudio de Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Romy García.
Señaló que antes de la transferencia de los CEM –que ahora están en manos del ministerio de la Mujer y Desarrollo Social- se requiere realizar un diagnóstico de la situación económica de la municipalidad provincial o distrital que recibirá estos servicios de ayuda a la mujer.
“Hay municipalidades que no tienen el presupuesto ni el personal calificado para seguir atendiendo las denuncias que se recepcionan en estos centros”, dijo García en diálogo con la agencia Andina.
Afirmó que para evitar una interrupción de los servicios de ayuda a la mujer maltratada en el ámbito familiar, el Estado -por intermedio del ministerio de la Mujer- debería asignar, junto con el proceso de transferencia, los recursos necesarios para implementar los CEM en el interior del país.
Actualmente, se cuenta con 52 Centros de Emergencia Mujer en los 24 departamentos del país y la provincia constitucional del Callao, a través de los cuales se atiende anualmente en promedio a 29 000 personas víctimas de la violencia familiar y sexual.