Piden al Ministerio de Defensa colaborar para identificar a responsables de la masacre de Putis

En su visita a la provincia de Huamanga, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, exigió al Ministerio de Defensa brindar información que ayude a conocer la identidad de aquellos malos militares que cometieron violaciones contra los derechos humanos en Ayacucho y otras zonas del país.  


Se refirió al caso específico de la comunidad de Putis, lugar en el que se han encontrado fosas comunes con 130 cuerpos de campesinos ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército, los mismos que permanecen impunes hasta el momento. En se sentido, Gamarra informó que el próximo 16 de junio se reiniciarán las exhumaciones en las fosas de la comunidad de Putis. 


“Durante el gobierno del fujimorato se avanzó poco en el tema de los derechos humanos por causa de la protección que había en favor de algunos malos militares, quienes siguen libres pese a haber sido identificados por las autoridades judiciales”, sostuvo Gamarra a la prensa de Huamanga. 


Luego agregó: “Eso no le hace nada bien al Ejército peruano. Afortunadamente, finalizada la década pasada, se logró constituir la Comisión de la Verdad, que ha iniciado acciones en relación a la defensa de los derechos humanos, pero que aún no son suficientes”, precisó. 


Comisión investigadora para el caso Putis 


A su turno, Nolberto Lamilla, director de la Asociación Paz y Esperanza de Ayacucho, sostuvo que se analiza la conformación de una comisión investigadora sobre el caso Putis, para identificar a los responsables e iniciar los procesos penales correspondientes.  


Se calcula que habrían 14 fosas con por los menos 360 víctimas ejecutadas extrajudicialmente.  


“Actualmente existe poca presencia del Estado en Putis, zona que alberga al narcotráfico y donde los habitantes de ese sector se encuentran vulnerables y sometidos a constantes abusos» precisó. 


Indicó asimismo que en la zona no existen centros de salud y solamente hay  una escuelita. «Es necesario que se sancione a los responsables y que el Estado, mediante las reparaciones colectivas, beneficie a la comunidad de Putis que tanto ha sufrido por causa de la violencia política”, pidió Lamilla.