El documento pide al Estado aplicar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los y las Jóvenes, unir y vincular la acción multisectorial, crear el Sistema Nacional de Juventud dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros con presupuesto suficiente para coordinar la implementación del Plan Nacional de la Juventud.
Además, conformar un voluntariado juvenil y adolescente dentro de un Programa Nacional que contribuya a la lucha contra la pobreza, fomentar una educación integral y accesible para adolescentes y jóvenes, así como fortalecer las redes de los municipios y Defensorías Escolares.
Igualmente, pide al Estado garantizar los derechos sexuales de los adolescentes, promover la participación ciudadana y fomentar el trabajo productivo, digno y accesible al mercado laboral sin vulnerar el derecho a la educación. Junto con ello, universalizar el acceso a servicios de salud y de justicia diferenciados para adolescentes y jóvenes, con la participación de especialistas en la materia.
También se exige priorizar en los programas sociales a las madres y a los padres adolescentes y jóvenes, así como a las personas con habilidades diferentes.