Tras una reunión realizada con autoridades nacionales y regionales competentes en la materia, la Defensoría del Pueblo advirtió que el presupuesto, la formalización minera y el cierre de brechas sociales son factores claves que necesitan ser abordados para erradicar la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui (Amazonas). Esta situación, que afecta gravemente el ambiente y ponen en riesgo la integridad y vida de los pueblos indígenas awajún y wampís, merece una priorización por parte del Estado en su conjunto a través de acciones articuladas y sostenidas.
La Defensoría reportó que una de las principales limitaciones advertidas para erradicar la minería ilegal fue la falta de presupuesto. Sin embargo, el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF) manifestó que, en el marco del Programa Presupuestal 128 “Reducción de la Minería Ilegal”, este año se destinó más de 45 millones de soles al Ministerio del Interior (Mininter), y más de 13 millones de soles al Ministerio de Defensa (Mindef).
No obstante, el MEF indicó que el Mininter aún no ha asignado presupuesto del que dispone para ejecutar esta labor en Condorcanqui. En atención a ello, estos sectores se comprometieron a agilizar las acciones de coordinación y articulación destinadas a priorizar la disposición del presupuesto destinado para la ejecución de dicha labor.
Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Gobierno Regional de Amazonas, y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua coincidieron en que el proceso de formalización minera en esta región, estaba siendo usado para dar una aparente legalidad a esta actividad. Al respecto, dicho ministerio se comprometió a evaluar el impulso de la declaración de zonas reservadas para la defensa nacional, considerando el importante ingreso de mineros ilegales desde el Ecuador y la construcción ilegal de carreteras de penetración desde dicho país hacia estas zonas.
Asimismo, existió consenso respecto a la necesidad de adoptar acciones para cerrar las brechas sociales en la región, la cual sería una herramienta clave para plantear actividades legales, sostenibles y alternativas a las actividades ilícitas. Ante ello, la Presidencia del Consejo de Ministros se comprometió a impulsar la elaboración y monitoreo de la ejecución de la agenda en el marco de la Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de Condorcanqui de la región Amazonas.
Sobre ello, Patricia Tipian, jefa del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, recalcó que además de las funciones a cargo de las autoridades nacionales y regionales en la materia, y la disposición de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional del Perú en las interdicciones, “existe una hoja de ruta entre el Gobierno Regional de Amazonas y la Comisión Multisectorial, y otras autoridades competentes, que debe cumplirse y a la vez que debe ser utilizada para monitorear las acciones estatales frente a esta actividad ilícita”, afirmó.
Además, sostuvo que la falta de políticas públicas para cerrar las brechas sociales, la ausencia del Estado en la frontera con Ecuador, las continuas prórrogas del plazo de formalización –en los últimos 10 años– sumado a la debilidad existente en materia de fiscalización por parte del Gobierno Regional de Amazonas, así como la precaria articulación entre las autoridades competentes en la erradicación de la minería ilegal, ha contribuido al avance de esta actividad ilícita. “Ello ha obligado a los pueblos indígenas awajún y wampís a intervenir a los mineros ilegales que vienen operando en sus territorios, motivo por el cual vienen siendo objeto de amenazas y ataques que ponen en serio riesgo su integridad y vida”, remarcó.
La atención de esta problemática implica la articulación permanente entre todas las entidades estatales competentes en la atención de los factores que impulsan esta actividad ilegal, para lo cual es fundamental la participación de los representantes de los pueblos indígenas afectados; así como una estrategia integral, bajo el liderazgo del Minem, que garantice una adecuada ejecución del presupuesto, logística y acciones continuas con enfoque intercultural y territorial, a fin de evitar que la minería ilegal continúe dañando el ambiente y vulnerando, particularmente, los derechos de los pueblos indígenas, informó la Defensoría del Pueblo.