La procuradora antidrogas, Sonia Medina, solicitó al Congreso de la República, analizar cuanto antes el decreto sobre Pérdida de Dominio, que afecta los bienes del narcotráfico a favor del Estado, y decidir su modificatoria, pero en ningún caso derogarlo.
Medina, lamentó que el decreto que permite afectar los patrimonios mal habidos de los narcotraficantes y lavadores de dinero, esté siendo vapuleado por congresistas y juristas que la observaron señalando que afectaría el derecho de propiedad instaurado por la Constitución.
“A criterio de la Procuraduría y el mío, el decreto no afecta el derecho de propiedad porque la Constitución ampara cualquier denuncia de los ciudadanos contra alguien que actúa ilícitamente. Lo que no es lícito, no está amparado por ley, de manera que el efecto de hechos ilícitos lleva a actuar desde el derecho penal, para ver cómo esos patrimonios mal habidos sean tomados por el Estado”, argumentó.
“A dónde van a ir a parar esos bienes si no hay las herramientas necesarias para que pasen al Estado? No puedo entender que una herramienta de esta naturaleza tenga tanta oposición cuando toda norma es perfectible en el tiempo” agregó en entrevista concedida a INFOREGIÓN.
Por ello, pidió a los congresistas que analicen mejor el proyecto de la norma para que entiendan bien sus implicancias y consecuencias. “Hago votos para que el Congreso valore mejor la norma y trate de modificarla pero que en ningún caso la derogue”, resaltó en alusión al acuerdo adoptado en el Congreso de aplazar su discusión por una semana más.
Procuraduría trabaja sobre bienes incautados
Explicó que la Procuraduría venía trabajando en el marco de esta norma emitida mediante Decreto Legislativo 992 en diciembre del año pasado, para incautar los bienes del narcotráfico mediante ejecuciones preventivas, en tanto no sean definitivas en una sentencia condenatoria.
Medina resaltó que la Procuraduría considera a la norma “una herramienta legal para hacer que el Estado haga suyo los bienes del narcotráfico, lavado de activos, delito patrimonial, secuestros, trata de personas y tráfico ilícito de armas, aún sin necesidad de una sentencia condenatoria”.