El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recordó hoy a las autoridades regionales y municipales que, desde la convocatoria a elecciones regionales y municipales hasta la culminación del proceso electoral (el 5 de octubre próximo), está prohibida la publicidad estatal en cualquiera de sus manifestaciones.
Durante los últimos días, esta institución ha dado a conocer infracciones al deber de neutralidad y uso de publicidad estatal de parte del Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades de Maynas, San Juan Bautista, Belén y Punchana, quienes han venido difundiendo publicidad institucional relacionada a sus obras en las referidas localidades.
Vega señaló que, de acuerdo con las normas vigentes, está prohibido financiar con recursos públicos todo clase de propaganda electoral a favor o en contra de cualquier organización política o candidato participante.
Por su parte, el jefe del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, Eduardo Luna. dijo a INFOREGIÓN que “estas prohibiciones tienen fundamento en el principio de neutralidad que debe observar todo funcionario público y busca garantizar el libre ejercicio al sufragio y los derechos de participación ciudadana, desde la convocatoria a elecciones y hasta que se haga pública la proclamación de los resultados electorales”.
La Defensoría del Pueblo señaló que el año 2010, se dio a conocer los resultados de una supervisión que realizó a 49 municipales de Lima y Callao para verificar el cumplimiento de neutralidad en paneles informativos y similares sobre obras municipales. En dicha oportunidad, se verificó que el 40% (23 de las 49 municipalidades supervisadas) no cumplían con dicho principio.
Al respecto, Luna indicó que la única excepción prevista en la norma sobre publicidad estatal es cuando surja una situación extraordinaria (emergencias) que justifique la impostergable necesidad o utilidad pública de su difusión.
Indicó que tampoco podrá aparecer en la publicidad estatal ningún funcionario o servidor público y recordó que estas prohibiciones alcanzan a todas las autoridades en funciones y empleados públicos, sea cual fuere el régimen laboral que mantenga con el Estado.
Por su parte, el Defensor del Pueblo exhortó a las autoridades y funcionarios públicos a observar las prohibiciones legales que regulan el presente proceso electoral. Informó que las oficinas de su institución supervisarán el cumplimiento de los deberes que emanan del ejercicio de la función pública, exigiendo a las autoridades que hagan efectiva las normas sobre esta materia.