Perú y Ecuador proponen alternativas para protección de niños ante trata de personas

Save the Children, CHS Alternativo y el Parlamento Andino lograron reunir a organizaciones civiles y gubernamentales de Perú y Ecuador para dialogar y proponer alternativas de fortalecimiento en la protección de la infancia ante la movilidad humana y la trata de personas en un foro binacional realizado en la sede de la Comunidad Andina en Lima, el 17 y 18 de julio.

Alberto Arenas, director de CHS Alternativo, destacó la importancia de este evento, ya que “permite abordar la trata de personas en contextos de movilidad humana donde se dan las condiciones para que las personas sean más vulnerables a ser víctimas de las mafias de tratantes”.

Durante las exposiciones, los representantes de ambos países demandaron mayor control en la zona fronteriza para luchar contra la trata de personas. El parlamentario andino Alberto Adrianzén precisó que los gobiernos de Perú y Ecuador debieran incidir en la lucha contra la corrupción asociado a este delito que perpetúa la explotación de los menores.

Mediante la Declaración del Foro, los participantes exhortaron a los presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa a promover la firma e implementación del “Protocolo Binacional entre la República del Perú y la República del Ecuador para la prevención y atención integral a víctimas de trata de personas” que se encuentra actualmente ante las cancillerías de ambos países.

En un comunicado enviado a INFOREGIÓN, CHS informó que se exhortó a los estados en implementar servicios de atención y protección integrales de calidad en el marco de la garantía y los derechos humanos, así como a los congresos de ambos países y al Parlamento Andino a perfeccionar la legislación sobre la trata de personas con un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género.

El foro contó con la presencia de los representantes del Ministerio del Interior de Ecuador, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Mujer y Ministerio Público por parte de Perú; así como las defensorías del Pueblo y organizaciones civiles de ambos países.