El presidente de la República, Alan García, promulgó un decreto supremo que ratifica la adhesión de Perú a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios.
El tema tomó relevancia en el Perú luego que empresas extranjeras contrataran a alrededor de 850 peruanos para realizar funciones de seguridad en Irak, poniendo en riesgo su vida e integridad.
El instrumento legal tiene como principal objetivo contribuir a la erradicación de actividades como el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios a través de la cooperación internacional. Además, establece como delito el acto de reclutar, financiar o entrenar a este personal, y a quienes, participen directamente en hostilidades o en un acto concertado de violencia.