Lleva once años en el cargo, ha pasado por tres gobiernos y continúa encabezando el despacho de la Procuraduría Antidrogas. Sonia Medina, defensora del Estado en la lucha contra el narcotráfico, ha tenido que afrontar amenazas contra su vida por enfrentarse al crimen organizado. Incluso ahora ha entrado en la dura batalla de combatir la infiltración del narcotráfico en la política. En esta entrevista con Correo, sostuvo que de encontrar pruebas indiciarias en contra de los «narcocongresistas», no le temblará la mano para denunciarlos.
Correo: La semana que pasó, se conoció por un reporte de la ONU que el Perú ocupa el primer lugar en producción y venta de hoja de coca. ¿Esto no es desalentador en la lucha contra el narcotráfico?
Sonia Medina: Realmente sí, y nos debe causar mucha preocupación. Lo peor es que eso lo venimos diciendo reiterativamente. Existe un monitoreo de la hoja de coca porque realmente hay una preocupación de los organismos comprometidos en la lucha antidrogas, llámese Devida, la policía especializada y los que soportamos la defensa jurídica del Estado. Pero…
C: ¿No está funcionando?
SM: Siendo coherente con el pensamiento y el informe de la ONU, deberíamos orientar las labores públicas a un mejor trabajo y desarrollo. Incluso desde el lado de la sanción, porque la Policía debe hacer su trabajo, y otras entidades, como el Poder Judicial, también. Se deben sentar los precedentes de punibilidad para tratar de menguar esta situación.
C: Y para conseguir mejores resultados es necesario tener presupuesto. Muchas procuradurías no tienen un presupuesto adecuado.
SM: Ninguna (de las procuradurías) estamos boyantes sobre temas de presupuesto, pero el tema no solo pasa por lo presupuestal, sino por el debido cumplimiento de la ley y por las buenas voluntades que tengamos las instituciones, sobre todo las que corresponden a la administración de justicia.
C: ¿Y qué espera su despacho de la administración de justicia?
SM: Que actúe tanto en la parte de la denuncia que le corresponde al Ministerio Público y a la decisión que puedan tener los operadores jurisdiccionales del Poder Judicial para imponer sanciones, y que las organizaciones criminales sepan que el Perú no es la chacra de nadie para venir a delinquir como lo están haciendo.
NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA.
C: El narcotráfico está en simbiosis con el terrorismo por años. Y a esto se ha sumado la infiltración en estamentos del poder. Por ejemplo, ello se presume en el caso de la exparlamentaria Nancy Obregón.
SM: Más allá de las personas que se encuentran involucradas, obviamente nos llama a preocupación que haya casos focalizados, como es el de la persona que menciona. No obstante, creo que esa situación nos debe indicar que tenemos que trabajar más. Ya no solo en el área de la postulación o de la judicialización, sino que tenemos que trabajar más en otras entidades, como por ejemplo a nivel de los gobiernos locales y regionales, y a nivel de los estamentos públicos.
C: ¿En la política, específicamente…?
SM: Hay que saber qué cosa es lo que tenemos dentro de nuestras filas, para que no suceda alguna infiltración y no se involucre de manera temeraria el crimen organizado, porque así lo hace, porque es propio que el crimen así lo haga porque sus estructuras así lo mandan: involucrarse en los estamentos de poder económico y financiero. Entonces, ¿qué estamos haciendo con tanta permisibilidad para tener un resultado como el que comentamos? Ayer, una señora que se decía madre de la patria y otros señores que se decían padres de la patria… El solo hecho de que estén vinculados a situaciones oscuras, nos debe llamar la atención, más allá de que si hay o no los presupuestos para llegar a un resultado concreto a través de una denuncia penal.
C: Precisamente, hace unas semanas el señor Jaime Antezana denunció a algunos congresistas vinculados a temas de narcotráfico. ¿Usted ha evaluado el caso?
SM: Es muy prematuro decir que tengo los elementos necesarios (para una denuncia). Si bien el señor Antezana se apoyó en nosotros, lo hemos tomado de manera muy receptiva. Hemos tenido dos reuniones: una de preámbulo y la segunda para la entrega parcial de documentos que él maneja. Para nosotros también es una situación bastante delicada, tratándose de quien se trata. Evaluamos los vínculos oscuros de los congresistas. Hay que aplicar la contrastación de la documentación, la corroboración, y poder confirmar con alguna prueba objetiva o instrumental.
C: Y de encontrar los elementos para interponer alguna denuncia…
SM: Si es que llegamos a estructurar un caso que sea de relevancia penal, y que en este momento aún no se lo puedo decir, pero si es que eso sucede, cumpliremos con lo que nos corresponde y denunciaremos, así se trate de congresistas. Pero aún hay una promesa del señor Antezana de entregarnos el resto de documentación que tiene.
C: Ahora bien, esta infiltración pasa por falta de control en los partidos políticos. ¿Qué se hace para tamizar elementos comprometidos con el narcotráfico?
SM: Yo creo que la política es una ciencia, es un arte y es limpia, entendida desde una perspectiva democrática. Entonces, ¿por qué si nos interesa que exista una verdadera democracia, solo priorizamos formar parte de un poder, aunque tengamos que hacerlo de alguna u otra manera y sin importarnos quién está detrás o adelante nuestro? Creo que la respuesta está ahí, que no nos debe interesar solo el poder por tenerlo de cualquier forma.
C: Y por cualquier vía…
SM: Y por cualquier vía. A eso voy cuando digo que debemos saber quién está delante y detrás mío. Qué es lo que recepciono y qué no. Debemos cuidar eso, y en lo máximo posible ser lo más transparentes y no incurrir en situaciones oscuras.
C: Pasando a otro tema, ¿actualmente cuál es la carga procesal de su despacho?
SM: La carga procesal que tiene esta procuraduría siempre ha sido alarmante. Estamos sobrepasando los 80,130 procesos. Entendiéndose esto que tenemos carga de índole de macrocomercialización de drogas, microcomercialización de drogas, lavado de activos, procesos de pérdida de dominio y toda la carga pasiva de ejecución. Pero ahora, con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, la defensa del Estado debe ser presencial y eminentemente oral. Ello demanda todo un contingente de profesionales que se muevan a nivel de la república para poder ejercer la defensa. Eso no es fácil, en la medida que el presupuesto de repente no es suficiente y no puedo acceder en este momento a ese contingente de profesionales.
C: ¿Y cuál es la receptividad de los operadores judiciales?
SM: El Ministerio Público y el Poder Judicial en la mayoría de veces amparan nuestras demandas, pero en otros casos no. Ahí ejercemos los recursos impugnatorios que nos faculta la ley. Pero hay casos en que uno tiene que soportar la corrupción emblemática que hay en el país, algo que no resulta un tabú porque desgraciadamente ese es uno de los productos de tener estos delitos tan graves, como el narcotráfico, lavado de activos o trata de personas. Lo que se ejerce primero es la corrupción y la violencia.
C: Cuando dice violencia, ¿se refiere a amenazas contra su vida?
SM: Estos cargos necesariamente conllevan a ese tipo de riesgos, como lo puede tener cualquier funcionario que cumple con su trabajo. He sido amenazada varias veces y solamente se toman las previsiones del caso. También hay muchas formas de amenazar y coaccionar, como bajar la moral.
C: Es decir, tratar de ejercer poder para bloquear su trabajo…
SM: Pues no solo se trata de alguien que pone tu cabeza en un tiro al blanco, sino a quienes le somos bastante molestos o un escollo. Somos complotados de alguna manera, y no soy ajena a eso. Desgraciadamente, hay situaciones en que quienes menos pensamos, y están alrededor nuestro, complotan. (Karem Barboza/Cortesía Correo)