El informe denominado «Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos», elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamerica, considera que el Perú no destina suficientes recursos para la lucha contra el tráfico de drogas.
El documento en cuestión señala que en el 2009 se incautó menos droga que en el 2008, y que el potencial para la producción y comercialización de la droga ha aumentado.
También recuerda que en el 2009 se erradicó 10.025 hectáreas de coca cultivada en el Alto Huallaga, mientras que un año antes la cifra fue de 10.143 hectáreas y de 11.057 hectáreas en el 2007.
El documento sostiene, además, que el repetido cambio de ministros del Interior dificulta la tarea contra el narcotráfico, según da cuenta hoy la prensa local.
Llamado de atención al Estado peruano
Consultado al respecto, el analista en temas de narcotráfico Rubén Vargas recordó que cerca del 90 por ciento de los recursos que se usan en el Perú para el combate contra el tráfico de drogas proviene justamente del gobierno de los Estados Unidos, por lo que consideró que la opinión del Departamento de Estado de los EEUU es un llamado de atención a nuestro país.
«Creo que es un llamado de atención para que el Estado peruano tenga un mayor compromiso y no se quede solo en el discurso protocolar o en un falso compromiso político que suele estar presente en los discurso», opinó.
Consideró que al gobierno peruano no le ha interesado designar fondos ad hoc que permitan enfrentar el incremento de los cultivos de coca, el desvío de los insumos químicos y tampoco de manera seria y profesional al crimen organizado que está detrás del narcotráfico.
«Si analizamos las actividades de erradicación, vemos que estas se dan gracias a la cooperación internacional; si analizamos las acciones de interdicción y la destrucción de pozas de maceración, eso es gracias a la cooperación internacional. Los fondos del Tesoro Público que deberían asignarse a la lucha contra el narcotráfico son bastante escasos», lamentó.
No obstante, rescató el hecho de que en este año el Estado haya asignado recursos a DEVIDA por medio del Plan de Impacto Rápido, PIR, para que se ejecuten proyectos de desarrollo alternativo y asistencia social en las zonas productoras de hoja de coca.
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