Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha importante para recordar las amenazas sociales que atentan contra la dignidad humana de este grupo poblacional en el país, entre ellas la trata de personas. Sobre ello, la Defensoría del Pueblo alerta que ninguna de las regiones del Perú brinda espacios de albergue y recuperación para sobrevivientes de este delito, según el Informe de Seguimiento de Recomendaciones Defensoriales sobre Derechos de las Mujeres.
A la fecha, los refugios existentes atienden a todas las víctimas de violencia, independientemente del tipo que hayan sufrido, a pesar que estas necesitan una atención especializada. El mes pasado, Inforegión publicó un informe donde resalta que entre 2015 y 2021, el Ministerio Público registró 8.842 denuncias por dicho delito, siendo Madre de Dios el departamento que posee la tasa de incidencia más alta con 66 denuncias por cada 100 mil habitantes, en comparación con otros. Además, el mismo estudio reveló que el 80% eran mujeres.
El informe también indicó que solo entre el 2015 y el 2018 en el país se produjeron entre 14.000 y 26.000 casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes al año, de los cuales el 68% de las denuncias ingresadas entre los años 2018 y 2019 fueron archivadas, y solo el 3.2% lograron sentencia condenatoria.
En ese sentido, la entidad encargada de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la ciudadanía, advierte que no existe una estrategia concreta a nivel nacional para fortalecer la protección de las mujeres víctimas de trata, en coordinación con la Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y Testigos (Udavit), programa de la Fiscalía de la Nación.
No obstante, si bien al avance de esta economía ilícita muestra cifras alarmantes, se sabe que 14 Gobiernos regionales han aprobado sus planes regionales para combatir la trata de personas, tales como, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna.
Aún así, la Defensoría informa que en el proceso para garantizar la reserva de identidad de las víctimas adultas de trata, la Policía Nacional del Perú ha demostrado un cumplimiento a medias en la protección y atención a víctimas y testigos de este delito, una barrera constante que impide que las sobrevivientes puedan acceder a su derecho a la debida diligencia, a la no revictimización y a la justicia.
Hoy en día, pese a que existe una política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, aprobada mediante Decreto Supremo n.°009-2021-IN, en esta se remarca que el Estado demuestra planes débiles de vigilancia, seguridad ciudadana e incluso recursos económicos para reducir la economía ilícita, que atenta especialmente contra la integridad de las mujeres.
Además, estas debilidades se ven reforzadas con la discriminación social y de género, la pobreza como factor estructural, los deficientes mecanismos de fiscalización y sanción, el desconocimiento de derechos, y sobre todo, la escasa sensibilización ante el delito.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta a la institución policial la creación de espacios de albergue y recuperación a las víctimas de esta economía ilícita es una demanda urgente, diferenciando su atención en las mujeres, infancias y adolescencias. Para ello, es necesario que se mejore la coordinación con la PNP, con el propósito de asegurar diligencias policiales eficientes para la identificación de los presuntos responsables. Sin embargo, hasta el momento, no se cuenta con información relacionada al cumplimiento de esta recomendación.