El Perú participó recientemente en la “II Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas” de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde tuvo la oportunidad de exponer sobre las buenas prácticas y los avances en la lucha contra este delito.
Según la veeduría Mirada Ciudadana, presente en la cita, fueron parte de la exposición los logros a nivel del marco normativo, como la ley contra la trata y su reglamento; los avances a nivel de los mecanismos de fiscalización del Estado, como la Sub Comisión de Lucha contra la Trata del Congreso de la República y la incorporación del tema en la agenda de la Defensoría del Pueblo.
También se consideró como un logro peruano la primera Veeduría Ciudadana Contra la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y las Personas Desaparecidas a cargo de la sociedad civil, Mirada Ciudadana.
Del mismo modo, se mencionaron los avances en los procedimientos tecnológicos para el registro, la investigación y la denuncia, como el Sistema RETA-PNP (único en América Latina) y la línea 0800-23232; así como las múltiples actividades del Estado, de los organismos no gubernamentales y de la cooperación internacional las cuales fueron presentadas en una matriz con indicadores y resultados.
Países deben entregar documento de identidad a menores de edad
La delegación peruana puso énfasis también en el hecho de que los países de la región deben hacer un mayor esfuerzo para dotar de un documento de identidad a menores de edad con el fin de mitigar los riesgos de que estos puedan ser traficados por ser seres “invisibles” en la sociedad.
Ello a su vez llevó a la reflexión sobre la necesidad de acentuar los esfuerzos en la prevención y pronta ubicación de las personas desaparecidas, por el alto riesgo de que ellas puedan ser captadas por las redes de tratantes.
También se llamó la atención sobre la necesidad de incluir en el currículum de formación profesional, los temas de trata de personas y desaparecidos, así como sus factores de riesgo y protección.
Otros dos temas sobre los que el Perú llamó la atención, fueron por un lado incluir a nivel de la responsabilidad social de las empresas, la vigilancia de los estándares de conducta de las empresas que les proveen servicios.
Por otro lado, en la intervención se llamó la atención sobre la inmensa responsabilidad que recae en nuestros Estados para regular la actividad empresarial informal.