Las actividades extractivas en el Perú han terminado siendo una pesadilla para las poblaciones que habitan en sus zonas de influencia. En el caso de la minería, cuando la mina cierra deja atrás los relaves, mientras que en la extracción de petróleo, particularmente en la Amazonia, los derrames y filtraciones continúan sin ser remediados.
A enero del 2019 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tenía registrados en el Perú 8,448 pasivos ambientales mineros y 156 de actividades hidrocarburíferas. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes ha asegurado que en todo el país existen alrededor de 9,000 pasivos mineros y 3,000 de hidrocarburos que están pendientes por resolver.
“En los últimos años se ha priorizado el desarrollo de proyectos, pero en el caso de los pasivos ambientales no se avanzó de manera importante en su remediación”, declaró Ísmodes al diario oficial El Peruano, agregando que se requieren no menos de 7 millardos de soles [US$2 millardos] para remediar esos 12,000 pasivos ambientales,
El caso de los pasivos de hidrocarburos en la Amazonia es especialmente grave porque están afectando el medio ambiente, la salud y los medios de vida de las comunidades indígenas.
En marzo, el vicemininistro de Hidrocarburos Eduardo Guevara declaró a la prensa que “el Estado podrá encargar la remediación de pasivos ambientales en el sector hidrocarburos si las empresas petroleras no lo hacen por cuenta propia, para lo cual hará uso de la garantía financiera (carta fianza) que debe presentar la empresa junto con su plan de abandono”, en referencia al decreto supremo 023-2018-EM, aprobado el 2 de marzo del 2018 y que modifica el reglamento de protección ambiental de las actividades de hidrocarburos.
La actividad petrolera en la región amazónica peruana se inició en la década de 1920, pero se intensificó a partir de 1971, durante el gobierno militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado (1968-75), con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la cuenca del río Corrientes, en la región Loreto, cerca de la frontera con Ecuador, donde se instalaron los lotes 8 y 1AB. El lote 8 quedó a cargo de la estatal Petroperú hasta 1996, con el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), cuando fue asignado a la argentina Pluspetrol.
El lote 1AB (hoy lote 192), un área de 400,000 Ha ubicada entre los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, que incluye territorios indígenas, fue entregado en 1971 a la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (OXY). Allí perforó 150 pozos y construyó alrededor de 500 km de caminos y ductos. Lo explotó hasta el 2000 cuando lo cedió a Pluspetrol.
Acuerdo extrajudicial con OXY
“No es secreto que la actividad petrolera ha dañado la Amazonia norte de Perú”, señala el Observatorio Petrolero, plataforma de los pueblos indígenas de la Amazonia Norte en defensa de sus territorios. “Uno de los lugares más dañados es el lote 1AB, el lote más grande del país que se superpone sobre territorios de los pueblos Kichwa del río Tigre, Quechua del Pastaza y Achuar del Corrientes. Las poblaciones indígenas han sido testigos de cómo los ríos, las cochas (lagos), las quebradas, los bosques, la tierra y las fuentes de agua subterránea han sido y siguen siendo contaminados con total impunidad”.
Las protestas de las comunidades indígenas amazónicas por la contaminación y daños a la salud que por décadas dejó la explotación petrolera en sus territorios lograron algunos resultados. En marzo del 2015, cinco comunidades achuar de la cuenca del río Corrientes —Antioquía, José Olaya, Nueva Jerusalén, Pampa Hermosa y Sauki—anunciaron haber logrado un acuerdo extrajudicial con OXY para remediar los pasivos dejados durante las casi dos décadas que operó el lote 1AB.
La demanda se había presentado en el 2007 en una corte de Los Ángeles, EEUU, sede de la petrolera, alegando que OXY llevó a cabo “prácticas irresponsables” que contaminaron las aguas del río Corrientes y sus afluentes con el vertido de residuos de petróleo y aguas de producción que surgen de los pozos a temperaturas superiores a los 90º, que son altamente salinas y contienen metales pesados. El caso culminó “en un proceso cerrado y confidencial” favorable a las comunidades indígenas afectadas.
Al recibir el lote 192, que suministra casi una cuarta parte de la producción de crudo del país, Pluspetrol se había comprometido a remediar las áreas que se encontraban contaminadas. Según el Observatorio Petrolero, existen 1,199 sitios impactados y 92 sitios contaminados por el lote 192 que afectan a los pueblos Achuar del Corrientes, Quechua del Pastaza y Kichwa del Tigre.
Durante los 15 años de explotación de dicho lote, Pluspetrol “no sólo incumplió este compromiso de remediación, sino que además operó con malas prácticas ambientales que generaron más contaminación y que constituyeron verdaderos crímenes ambientales. Entre las acciones más graves de esta empresa se encuentran la desaparición de dos lagunas (Shanshococha y Ushpayacu), el vertido de aguas de producción altamente tóxicas en los ríos, la construcción de una escuela sobre un sitio impactado con petróleo o el mantenimiento adecuado de los ductos internos que generaron múltiples derrames de crudo, entre otros”, sostiene el Observatorio Petrolero.
El ministro Ísmodes anunció el 18 de mayo que el MINEM destinará 190 millones de soles (US$ 57 millones) en el 2019 para la remediación de 32 zonas afectadas en el lote 192. Asimismo, indicó que Petroperú tiene previsto asumir la operación del citado lote entre setiembre y octubre de este año, luego que se concluya el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas.
Planes de contingencia inservibles
En octubre del 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) elaboró el informe 411-2014 en el que dio cuenta de la contaminación en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. De inmediato la empresa presentó una “medida cautelar innovativa” ante la Corte Superior de Loreto solicitando se suspenda la “eficacia jurídica” del informe. El juez Alexander Rioja Bermúdez concedió el pedido.
Para la elaboración de su informe, la OEFA supervisó 92 sitios en dichas cuencas en la que participaron monitores ambientales de las federaciones indígenas. La OEFA advirtió en ese momento que el contrato de Pluspetrol finalizaría en agosto del 2015 y que hasta ese momento la empresa no había solicitado “a la autoridad competente la aprobación de un instrumento de gestión ambiental que le permita, previa aprobación del certificador, realizar un retiro ordenado del lote así como la remediación ambiental que correspondiera, de acuerdo con las obligaciones ambientales asumidas con la concesión”. La estrategia de Pluspetrol ha sido apelar las multas y estancarlas con denuncias ante el Poder Judicial.
Al finalizar la concesión del lote 192 a Pluspetrol en el 2015, Petroperú lo entregó a la petrolera canadiense Frontera Energy, sin que esto signifique una mejora para la situación para las comunidades indígenas.
A fines de mayo, la comunidad achuar Antioquía, en el alto Corrientes, denunció que en su territorio existen dos derrames de la empresa Frontera Energy que contaminan sus zonas de pesca y caza. Uno de ellos data del 2016 y aunque Frontera Energy ejecutó un plan de contingencia para atender el derrame, no ha servido.
“Frontera Energy dice que ha remediado todo, no hay contaminación, dice; pero venimos a mirar acá y no es cierto lo que dicen. Hace poco he conversado con la empresa y dije que íbamos a entrar a mirar. Me han aceptado una reunión y queremos que vaya OEFA”, dijo Tomás Hualinga, apu (líder) de Antioquía al Observatorio Petrolero. “Indistintamente, sea cual fuere el punto, cada vez que se removía el fondo de la quebrada surgía petróleo”.
Los derrames de petróleo constituyen un problema grave para los habitantes amazónicos. Desde el 2008 se han producido no menos de 40 derrames del Oleoducto Norperuano —una tubería de 850 km construida en 1977 que traslada el crudo extraído de la selva hacia la costa— debido a la antigüedad de esta estructura, falta de mantenimiento o probables atentados. A pesar de los acuerdos y compromisos asumidos por las autoridades gubernamentales, la remediación no se produce.
El 15 de mayo fue archivada una investigación parlamentaria presentada en noviembre del 2017 que responsabilizó a Petroperú y a empresas contratadas por no garantizar la seguridad del oleoducto ni limpiar las áreas contaminadas. El Congreso argumentó que el documento de más de 360 páginas no identificaba “responsabilidad directa”, pese a que en el último capítulo se menciona a los responsables por acción y omisión.
Fuente:
Celicia Remón – Noticias Aliadas