Ayer, un comunicado del Ministerio Público informaba que la “fiscalía logra la liberación de 40 turistas en zona del Manu”. El documento oficial señalaba que el “fiscal Vargas Oviedo, acompañado por tres efectivos de la Policía Nacional; el gobernador de la provincia del Manu, Luis Otsuka Salazar; y el representante de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios, Guimo Loyaza Muñoz, logró que los pobladores depongan su actitud”. ¿Cuál era dicha “actitud”? El secuestro de 40 visitantes que habían ido al Parque Nacional del Manu por más de 24 horas.
El Código Penal señala en su artículo 152, referido al secuestro lo siguiente: “Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad”. Entonces, ¿cómo es posible que el representante del Ministerio Público no haya denunciado a los responsables del secuestro de 40 turistas? ¿Secuestrar ahora es una nueva forma de presión para resolver los conflictos sociales?
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha informado que la protesta de los pobladores de Boca Manu se debe a la denuncia que esta entidad ha hecho contra las autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios por construir una carretera en la zona sin ninguna opinión técnica favorable y sin estudio de impacto ambiental.
La denuncia del Sernanp ha sido hecha ante el mismo Ministerio Público que claudicó de acusar por el delito de secuestro a quienes violan la ley reclamando la construcción de una vía que además pone en peligro la existencia del Parque Nacional del Manu.
Entonces, estamos frente a una situación en que el Estado denuncia a los inescrupulosos que pretenden imponer sus propios intereses a través de un gobierno regional, y en que otra entidad del mismo Estado se hace la ciega y sorda frente a los reclamos del Estado. Una situación sui generis, el Estado contra el Estado.
La ilegal construcción de una carretera de Nueva Edén a Puerto Shipiteari que se sigue construyendo por disposición del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, debería detenerse inmediatamente. Sobre todo cuando la autoridad pidió un permiso para mantener un camino vecinal de Boca Manu y decidió burlar la ley quien sabe con qué intereses.
La pelota está en cancha del Ministerio Público que es dirigido por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Esta responsabilidad recae directamente en las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) que tienen la oportunidad de ejercer autoridad y sobre todo legalidad. Esperamos que los responsables de estos delitos ambientales no sean cubiertos por un manto de impunidad.
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