Las autoridades políticas deben reflexionar y dejar de lado sus intereses personales, enfrentando la problemática del narcotráfico y no apoyar medidas extremas que solo favorecen el crecimiento del delito, como es el paro de campesinos de las zonas cocaleras de Aguaytía, en el departamento de Ucayali señaló el analista en temas de narcotráfico, Jaime García, en entrevista con el programa La Voz del Oriente de INFOREGION en Tingo María.
El investigador del Instituto de Estudios Internacionales, IDEI, de la Universidad Católica, precisó que el paro solo favorece a los productores ilegales de coca que van a las pozas de maceración, donde por ejemplo según estudios de Naciones Unidas, en Aguaytía ya habrían más de 3 mil hectáreas cultivadas destinadas en un 99% a la producción de cocaína.
«El gran beneficiado es el narcotráfico y los grandes perjudicados son los productores de cultivos lícitos y de actividades económicas legales, que frente al paro y los bloqueos no pueden realizar sus actividades económicas y movilizarse con normalidad», explicó.
En ese marco, las autoridades políticas prefieren subirse al carro del paro y sumarse a los pedidos de suspender los procesos de erradicación de los cultivos ilegales, demostrando irresponsabilidad en sus funciones.
El experto agregó que estas medidas de fuerza de los cocaleros con frecuencia también son distractivos que captan la atención de la policía en el control y desbloqueo de las vías, permitiendo que las bandas de traficantes de pasta básica o clorhidrato de cocaína transporten la droga con mayor facilidad.
«Se han dado caso que entre los que participaban en las movilizaciones por algún paro habían camuflados traficantes de drogas llevándola entre sus prendas. Por eso es fundamental rechazar estas medidas que perjudican a la población y solo benefician al narcotráfico», puntualizó.
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