No sé si ya lo saben, o escucharon el rumor. Pero hay un juez que parece haberse emperrado en meter preso a Juan Carlos Tafur, director de Diario16, y a Roberto More, periodista de investigación del mismo periódico. Ustedes no saben qué cara tiene el juez José Chávez Hernández, titular del 12º Juzgado Penal de Lima, ni yo tampoco. Pero es alguien que actúa de una manera tan, pero tan extraña, que podríamos deducir que no es un tipo de fiar.
A ver. Les cuento de qué va la cosa para los que están en nada. El 12 de enero del año pasado, en medio del fragor de la campaña electoral, cuando el general Ketín Vidal estaba siendo voceado como posible vicepresidente del candidato Alejandro Toledo, el periodista Roberto More publicó una denuncia titulada: “Policía vincula a Ketín Vidal con los Sánchez-Paredes. Documento secreto revela que el héroe de la captura del siglo abogó por el clan trujillano durante las investigaciones policiales por lavado de activos”.
Bueno. Qué creen. Vidal, quien es todo un profesional denunciando penalmente a periodistas, no solo se quedó sin plancha, sino que en un arranque de hipersensibilidad, sintiéndose herido en su honor, decidió demandar a More y a Tafur. ¿Por qué? Porque, según él, la nota (que no empleaba adjetivos) le achacaba ser “corrupto, mafioso, ladrón, delincuente”, y si le apuran, hasta cleptómano, chorizo, manilargo, carterista, cuatrero, asaltante de caminos y asesino serial.
Por supuesto, también quiere plata, y mucha. Que le paguen un millón de soles o el equivalente en bienes embargados. Y así.
Como podrán inferir del encabezado de la información, esta se basaba en documentos oficiales de la Policía Nacional que vinculaban al general Vidal con Fidel Sánchez-Alayo, procesado en un juicio por lavado de activos. No se trataba de una especulación difamatoria, o sea. Es más. El documento en mención ya había sido usado por otros medios.
Más todavía. Vidal no se queja del documento. Ni lo menciona siquiera. Sí alude a una campaña sistemática en su contra, pese a que era la primera vez que se le mencionaba en el lapso de todo un año.
Lo más alucinante de la historia es que, hace unas semanas, el juez Chávez Hernández ya había decidido dictar sentencia sin haber escuchado los alegatos de la defensa legal de ambos. Algo que en Dinamarca llaman arbitrariedad, vamos. Y en Suiza, ya saben, le dicen parcialidad.
Por si fuera poco, cuando se acercan los periodistas a la lectura de sentencia, en uno de esos estrechos espacios que existen en los juzgados penales, que parecen conejeras, en los que apenas cabe alguien de las dimensiones de Tafur, el juez dispuso el ingreso de efectivos policiales para que flanquearan a los periodistas en el momento crucial del veredicto. La pantomima se interrumpió gracias a la intervención de los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), pero la espada de Damocles aún pende sobre sus cabezas.
Según Carlos Rivera, del IDL, si prospera el acoso judicial “sería un abuso”, y sería la primera vez que se admite una querella sin sustento, algo que, presumo, no debe ocurrir ni siquiera en Venezuela. Pero adivinen, estamos en el Perú, y acá puede pasar cualquier cosa.
A todo esto, pregunto, ¿para qué coño existe la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)? ¿No debería haber actuado hace rato? ¿O es miope?