Unos 33 millones de dólares invertirá el Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA), ejecutado en Perú, Ecuador y Bolivia para mitigar los efectos del cambio climático, informó CARE Perú.
La iniciativa se llevará a cabo gracias a un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), las autoridades ambientales de los tres países y socios estratégicos como la organización CARE.
Una de las acciones que priorizará el proyecto en zonas altoandinas será la conservación de las praderas naturales, lo cual contribuirá a mejorar la cobertura vegetal y promoverá la retención de agua, sobre todo en la parte alta de la cuenca.
Con ello se busca reforzar la capacidad de los ecosistemas y las economías locales para recuperarse de los impactos del retroceso glaciar.
CARE Perú participa en la implementación de medidas piloto en las cuencas de Santa Teresa y Shullcas, en Cusco, con el fin que las comunidades afectadas puedan adecuar sus actividades ante la reducción de la disponibilidad del agua.
Se espera que para setiembre de 2012 –fecha en que culmina el PRAA- se logre la implementación de mejores prácticas para la gestión del agua, lo cual incluye la instalación de sistemas de riego tecnificado, diversificación de la producción agrícola, conservación de praderas naturales y reforestación.
En 25 años, los glaciares tropicales retrocedieron 22 por ciento, lo que equivale al agua que consume Lima en diez años y se estima que en 2030 se habrán perdido todos los glaciares por debajo de los cinco mil 500 metros sobre el nivel del mar.
En el Perú, el 90 por ciento de la población vive en zonas desérticas en las que solo se cuenta con el dos por ciento de agua disponible. Los glaciares son la principal reserva de agua, pero disminuyen por el impacto del cambio climático.
El 75 por ciento de la población de países en vías de desarrollo depende directamente de la agricultura para sobrevivir, una actividad afectada por las alteraciones del clima. Cualquier disminución de la productividad del suelo tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria y, por ende, en la calidad de vida de los pobladores.
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se necesita entre 431 y 453 millones de dólares anuales hasta 2030 para implementar medidas de mitigación, y para las de adaptación entre 190 y 454 millones.