Casi tres mil ciudadanos se movilizaron esta mañana para pedir la libertad de los ocho campesinos detenidos en el penal de alta seguridad de Yanamilla, a los que se les vincula con el atentado que en diciembre pasado cobró la vida de cinco policías en la zona del valle del río Apurimac y Ene (VRAE).
La jornada de evaluación magisterial dejó hoy una serie de heridos, maestros detenidos y múltiples manifestaciones y movilizaciones de protesta por todo el país. Pero así como en el Ministerio no había una sensación de victoria total, también el gremio del Sutep saboreó su trago amargo con las manifestaciones y disturbios propiciados en el interior del país por los seguidores de la facción disidente de Robert Huaynalaya.
Germán Vargas, director de la Asociación Paz y Esperanza, denunció que los miembros de su organización vienen recibiendo numerosas amenazas telefónicas luego que su organización asumiera la defensa legal de los ocho comuneros ayacuchanos sindicados como responsables de la emboscada en que perdieran la vida cinco policías y tres civiles el mes pasado en Ayacucho.
El ministro de Defensa, Allan Wagner, salió al frente de las críticas por la captura de ocho presuntos terroristas que habrían participado en la emboscada contra una patrulla policial, que dejó ocho muertos, en la localidad de Machente en Ayacucho.
Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), invocó a las fuerzas del orden no criminalizar injustamente como subversivos a campesinos inocentes, tal como sucedió en el pasado.
Raúl del Castillo, abogado defensor de los ocho campesinos detenidos y acusados como los autores de la emboscada en Ayacucho, estimó que sus patrocinados podrían quedar en libertad en las próximas horas al demostrarse que ellos no dispararon contra los 5 policías y 3 civiles asesinados durante un operativo antidrogas.