Como una amnistía encubierta que busca clausurar los procesos por violaciones a los derechos humanos y poner en libertad a perpetradores de crímenes horrendos como los integrantes del grupo Colina, calificó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, los decretos legislativos 1094, 1095, 1096 y 1097, aprobados recientemente por el Ejecutivo.
La Defensoría del Pueblo reafirmó que los graves delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles y adelantó que intervendrá en aquellos casos en que, invocando el Decreto Legislativo 1097, se pretenda el indebido archivamiento o su sobreseimiento.
En los últimos 30 años, la lucha contra la impunidad y la condena al terrorismo de Estado y sus agentes avanzaron contra viento y marea en nuestro país, impulsadas por el descubrimiento de los horrores cometidos en la represión de la barbarie terrorista en los años de violencia. A veces este avance se dio en soledad, pero otras con acompañamiento de multitudes que reclamaban justicia.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, consideró que el anunció del presidente Alan García en el sentido de que no se pagará indemnizaciones a sentenciados por terrorismo a pesar de los dictámenes internacionales que señalan lo contrario, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no significa un desacatamiento a las sentencias del referido tribunal y, por el contrario, es una decisión coherente y objetiva.
En lo que se constituye como una contribución a la defensa y visibilización de los derechos humanos del personal policial y militar, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta su informe sobre el cumplimiento de los derechos que corresponden al personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su función.
El Coordinador Nacional de las Organizaciones de Afectados de la Violencia Política del Perú (CONAVIP), Daniel Roca, sostuvo que los integrantes del denominado Movimiento Político por la Amnistía y Derechos Fundamentales, no tienen ninguna autoridad moral para exigir la liberación de las cárceles de los violadores de los derechos humanos, porque la mayoría de sus integrantes tienen las manos manchadas de sangre por asesinar a muchos peruanos.
En un discurso en que dejó clara su preocupación por el respeto a la democracia y la justicia social, el antropólogo Julio Cotler fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En sus palabras, el destacado científico social, advierte que «el primer paso para la formulación de la democracia fue la invención de los derechos humanos al valorar la autonomía individual y la empatía con los otros, procurando así conjugar los intereses del individuo y de la colectividad».
La Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Madre de Dios, reportó que continúan presentándose denuncias de humildes trabajadores que fueron llevados con engaños a los lavaderos de oro para trabajar en pésimas condiciones de salubridad, con bajos salarios, sin las mínimas condiciones de seguridad, e incluso a merced de las mafias de estafadores que nunca llegan a pagarles su remuneración.
La Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, CODEH-Pucallpa, presidida por el padre Gérald Veilleux, renovó hoy su compromiso de defensa irrestricta de los derechos fundamentales de las personas, en especial las más necesitadas.
Para el jueves 10 de diciembre, fecha en que se celebra un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Mesa contra el Racismo y la Comisión de Derechos Humanos del Alto Huallaga realizarán una movilización por las principales calles de Aucayacu con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de salvaguardar los derechos de la personas.