El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Figallo, acompañado por el procurador especializado en Materia Constitucional, Luis Huerta Guerrero, presentó ante el juez constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima una Acción de Amparo a nombre del Poder Ejecutivo, contra el fallo que reduce la pena a Vladimiro Montesinos y los integrantes del grupo Colina.
La Procuraduría Pública en Materia Constitucional del ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentará este martes una demanda de amparo contra la sala judicial que preside el vocal supremo Javier Villa Stein por la sentencia que favorece a los miembros del grupo Colina, responsable de la matanza de Barrios Altos y de la universidad La Cantuta.
Este es el comunicado público emitido por la secretaría técnica del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que se da cuenta que sujetos inescrupulosos llegan a falsificar, incluso, resoluciones de la Presidencia del Consejo de Ministros para sacarles dinero a personas de buena fe con el cuento de hacerles ingresar al Registro Único de Víctimas de Terrorismo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió dar por concluido y archivar el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Esta decisión se tomó durante el 95 Período Ordinario de Sesiones del tribunal internacional.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en representación de 79 organizaciones de defensa de la vida y los derechos fundamentales de la persona, exige la inmediata libertad del líder ambientalista Marco Arana, y condena firmemente la golpiza de la que ha sido víctima por parte de las fuerzas del orden en la ciudad de Cajamarca.
El director ejecutivo de la Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana (AJUPRODH) de Huánuco, Luis Murguía, denunció que un sujeto identificado como Pablo Martín Salazar Livia se está haciendo pasar como “Director de Derechos Humanos” o “Representante” de esta institución y ya ha sorprendido a diversas organizaciones de este departamento, e incluso al propio Gobierno Regional.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifiestó su preocupación por la condena penal por difamación agravada proferida el 5 de junio por el juez José Chávez Hernández contra el editor de INFOREGIÓN, Roberto More, y contra el director de Diario16, Juan Carlos Tafur, a raíz de una publicación que vinculaba a Ketín Vidal con los procesados por lavados de activos producto del narcotráfico, la familia Sánchez Paredes.
Con el objetivo de advertir a los sectores de la sociedad de los problemas que presenta el Reglamento de la Ley de Consulta Previa el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) acaba de presentar un informe técnico que analiza al detalle el contenido de la cuestionada norma.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA debe estar viviendo la actual reunión de la Asamblea General de dicho organismo con la sensación que tendrían los pavos en Navidad: sabiendo que esos señores que se sientan alrededor de sus mesas quieren servirla, cortarla y –al menos parcialmente– engullirla. Y no solo a ella directamente (quitándole, por ejemplo, el poder de pedir medidas cautelares a los Estados miembros), sino también a sus relatorías adjuntas, incluyendo muy particularmente a la Relatoría para la Libertad de Expresión (RLE). La idea con esta última es que no pueda publicar sin previo permiso de los Estados involucrados los informes que actualmente da a conocer cada año sobre abusos contra la libertad de expresión, además de limitar sus fondos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) convocó a una conferencia de prensa el día de hoy, viernes primero de junio, para expresar su preocupación sobre la actual situación de derechos humanos en la provincia de Espinar, Cusco, la cuál se encuentra bajo estado de emergencia. La mesa contó con la presencia de Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, y los abogados Carlos Rivera, de IDL, David Velasco, de Fedepaz, y Gloria Cano, de APRODEH. También estuvo presente vía conexión telefónica con Ruth Luque, directora de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, en Cusco.