La Ley de Transparencia y Acceso a la Información en las organizaciones encargadas de la gestión y conservación de los bosques es preocupante por los escasos datos que se encuentran en los portales web relacionados al tema de transparencia, la falta de respuesta ante solicitudes, así como la poca disponibilidad de información, indica el Informe de Transparencia en el Sector Forestal Peruano.
El analista Roger Rumrill advirtió que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) ha dado un ultimátum al gobierno peruano en el que señala que si en los próximos seis meses no controla la extracción ilegal de la caoba, el oro rojo de la Amazonía, se suspenderá la exportación y hasta podría revisarse la adenda forestal del TLC con Estados Unidos. Reproducimos el artículo de Roger Rumrill publicado hoy en el diario La Primera.
El coordinador de la Secretaría Técnica del Proceso de Revisión y Actualización de la Legislación Forestal, Gustavo Suárez de Freitas, aseguró que no se mantendrá el cambio de uso de tierra por interés nacional en los bosques amazónicos en la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
El presidente del Foro Ecológico, Sandro Chávez, señaló que se debe procurar que la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre sea un documento bien consensuado que llegue en las mejores condiciones al Congreso para ser aprobado. “Que eso ocurra está en manos del Ejecutivo, la sociedad civil ha participado con sus aportes. Sin embargo, si esos consensos no se reflejan en la nueva ley, los problemas vendrían otra vez y nadie quiere conflictos, menos si son parecidos a los de Bagua”, advirtió.
El representante del Instituto del Bien Común (IBC), Carlos Soria, sostuvo que el litigio que tiene la comunidad nativa de Puerto Azul con el titular de la concesión forestal de la empresa Proyect World Green Perú es por la ampliación de su territorio, que está sobrepuesto con el área dada en concesión por el Estado.
En atención de la solicitud de la Comunidad Nativa Puerto Azul, ubicada en la provincia Padre Abad, región Ucayali, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, juntamente con otras autoridades regionales, realizó el 16 de marzo una inspección a la concesión de la empresa Proyect World Green Perú, durante la cual la fiscal adjunta provincial Dra. Fanny Fabiola Álvarez Bravo constató prácticas ilegales de explotación forestal.
El conocido defensor de la región amazónica peruana, el hermano Paul Mc Auley, señaló que un ex jefe del Inrena, arrepentido de apoyar el nuevo proyecto de Ley Forestal, le ha informado a los representantes de varias organizaciones que algunos ministerios se han unido a OSINFOR para hacer espíritu de cuerpo y aprobar dicha ley, que la mayoría considera que no protege la selva peruana.
A solicitud de la comunidad nativa de Puerto Azul, una fiscal especializada en medio ambiente inspeccionó el último lunes la concesión forestal de la empresa Proyect Word Green Perú con el objetivo de verificar si existe tala ilegal o contaminación de las aguas por derrame de combustible en la zona.
El presidente del Foro Ecológico, Sandro Chávez, lamentó que el Perú pierda anualmente 220 millones de dólares a causa de la deforestación y criticó la falta de fortaleza que ha demostrado la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, MINAG, para proteger a nuestros bosques de la tala ilegal.
Cada año nuestro país pierde 220 millones de dólares a causa de la tala ilegal de especies selectivas como el cedro y la caoba. Ante esta situación, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, reinició en enero último la fiscalización de más de siete millones de hectáreas de bosques de producción permanente. En el Perú existen 556 concesiones forestales maderables, que equivalen a 7,1 millones de hectáreas.