Los cónsules de diversos países de América Latina y Europa se reunieron con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, y le expresaron su beneplácito y expectativas por la aplicación del Decreto de Urgencia N.° 018-2020. La norma consiste en que las personas extranjeras privadas de su libertad puedan cumplir las penas impuestas en sus países de origen.
Como parte de su misión en el Perú, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, se reunió el lunes pasado con miembros del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata (Rntamb). Asimismo, visitó la comunidad nativa Tres Islas para escuchar testimonios y conocer el contexto sociopolítico de la región.
Un hombre pidió asilo en Nueva Zelanda porque en su país, Kiribati, el cambio climático ha sumergido partes del territorio y ha afectado profundamente la economía. El Gobierno de Nueva Zelanda se lo negó y lo deportó. El migrante reportó el caso a un organismo de derechos humanos de la ONU.
Los impactos del cambio climático en América Latina y el Caribe agravan las desigualdades y erosionan los derechos humanos, como a la vida, a la salud o a un ambiente sano, entre otros. Bajo este escenario y siendo la desigualdad preocupante en la región, el Acuerdo de Escazú se encuentra entre las demandas sociales de países como Colombia y Chile, por lo que no podía falta su discusión en la máxima cumbre contra el cambio climático.
Solo en Perú, según datos de la Defensoría del Pueblo, más del 60% de los conflictos sociales son de carácter ambiental. A esto se suma que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para defender derechos. Bajo este contexto, en 2018 se adoptó el Acuerdo de Escazú, primer instrumento ambiental con enfoque de derechos humanos y defensores del ambiente en la región.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), entregó dos proyectos de reparaciones colectivas a las comunidades de Iquilo Palangana y Chacaconiza, en las provincias puneñas de Azángaro y Carabaya, afectados por el periodo de violencia de 1980 – 2000.
Magistrados de la Corte Superior de Justicia, Ministerio Público, autoridades regionales y distritales, y sociedad civil de Puno dieron sus aportes sobre lo que debe contener la reforma del sistema de justicia que implementa el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que preside el Presidente de la República y de la cual es parte el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) entregó en la provincia de Azángaro, región Puno, cobertizos que permitirán optimizar el manejo y crianza de ganado vacuno a las familias de las comunidades de Tercer Sahuacasi y Central Ccalla, que se dedican a esta actividad.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) transfirió S/ 400 mil a favor del Gobierno Regional de Ayacucho para la elaboración del expediente técnico del Santuario de la Memoria de La Hoyada. La acción se realiza en virtud del convenio suscrito entre ambas entidades el pasado 23 de setiembre para implementar este espacio en memoria de las víctimas del periodo de violencia de 1980 al 2000.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) instaló módulos de atención en 63 Tambos de las regiones Ayacucho, Huánuco, Junín y Pasco, con el fin de llegar a las zonas rurales más alejadas de dichas jurisdicciones y facilitar el acceso de las personas afectadas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000 al Registro Único de Víctimas (RUV).