La decisión del gobierno de iniciar las reparaciones colectivas a las víctimas de la violencia política, no va a la par con la falta de un compromiso del gobierno para respetar los derechos humanos, sostuvo la secretaria ejecutiva del Movimiento “Para que no se repita” (MPQNSR), Rosa Villarán
Con la finalidad de orientar la intervención policial y salvaguardar los derechos humanos, el 31 de mayo y 1 de junio se desarrolló un seminario, en el cual se presentó a un grupo de oficiales de la PNP el Manual de Derechos Humanos, aplicado a la función policial, el mismo que establece procedimientos y técnicas que debe tener en cuenta la policía para respetar los derechos humanos en el momento que intervenga a las personas.
El Estado debe asumir el compromiso de constituir una agenda en materia de derechos humanos tomando como base el Plan Nacional de Derechos Humanos y expresó su preocupación por los ataques en contra de los activistas a favor de los derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH, Miguel Huertas, aseguró que el Plan Nacional de Derechos Humanos, contempla, como política estatal, una capacitación profunda sobre el tema, en todos los sectores del Estado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al Perú la adopción de medidas cautelares y garantías en favor del padre Marco Arana y los directivos de la ONG Grufides, tras ser víctimas de reglaje y seguimiento por su tenaz oposición a la explotación minera de la empresa Yanacocha, en Cajamarca.
Dieciocho efectivos policiales que destacaron en los Talleres Regionales de 2006 realizados en Chimbote, Huanuco, Huancavelica y Ayacucho, participaron en una Capacitación en Derechos Humanos a Efectivos Policiales, en Lima.
Un convenio de cooperación para la protección y promoción de los derechos fundamentales en el Perú, suscribieron esta tarde la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino y la representante regional para América Latina y El Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En una accidentada audiencia, Santiago Martín Rivas, el señalado jefe del grupo Colina que operó en el régimen del ex presidente Alberto Fujimori; negó ser culpable de los crímenes de lesa humanidad que se le imputan y se declaró «una víctima de las mentiras» de los defensores de derechos humanos.
Frente a los numerosos pedidos de indemnización de las víctimas de la violencia política, la Oficina de la Defensoria del Pueblo del valle del río Apurimac y Ene (VRAE), a través de su área de Derechos Humanos, se encuentra dictando charlas informativas a los miles de campesinos de la zona.
El presidente Alan García aseguró «de una vez y para siempre» que el gobierno no ha pensado en la posibilidad de retirarse de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.