Alertan sobre posibles desbordes de ríos en la selva

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI, alertó que las lluvias que en las últimas semanas han caído en los departamentos de San Martín y Huánuco han incrementado el nivel y caudal de los ríos Huallaga, Aguaytía, Pachitea así como de los ríos tributarios del Huallaga, superando los valores críticos de desborde que podrían afectar las localidades ubicadas en la margen de los ríos.

Entregan 75 mil plantones de tara, lúcuma y palta

Con la finalidad de incrementar los árboles frutales, reforestar grandes áreas depredadas de la zona y mejorar los ingresos económicos de la población, el alcalde de la provincia de Huanta, Edwin Bustíos, entregó 75 mil plantones de tara, lúcuma y palta a los pobladores de Llanza, Yuracc Yuracc e Izcuchaca.

Alcalde no cumple con promesa a campesinos

Unas treinta familias del caserío Bajo Almendra se encuentran incomunicadas y en peligro, debido al incremento de las aguas del río Tocache que ya se ha llevado consigo gran parte de la carretera que da acceso al caserío por el margen derecho.

Autoridades exigen dura sanción a quienes pesquen con veneno

Yorqui Izarra, Gobernador del distrito de Ayna; Víctor Villa, representante del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA); y el director de la Red Educativa de San Francisco, Luis Hipólito Muñoz Yarasca, llamaron a la población a denunciar a los inescrupulosos que utilizan la sustancia química barbasco y la dinamita para la pesca en el río Apurímac.

Mucha gente vende guías forestales de zonas donde no hay madera

El presidente del Gobierno Regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero, denunció que en Pucallpa mucha gente vende Guías de Transporte Forestal (GTF) de zonas donde no se puede encotrar recursos forestales, constituyéndose en una nueva modalidad para ‘blanquear’ madera provenientes de la tala ilegal.

Lucha contra el narcotráfico debe ser política de Estado

La Procuradora Antidrogas Sonia Medina consideró que la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos debe ser una política de Estado y no sólo del Gobierno de turno, que permita fortalecer las instituciones comprometidas en la lucha frontal contra este flagelo y fijar correctivos para que el poder punitivo del Estado se traduzca en sanciones significativas que generen efectos positivos de seguridad nacional e internacional.