A pocos días de la consulta popular sobre la conveniencia o no de las actividades de la minera Majaz en la serranía piurana, el padre Marco Arana, señalado como el instigador del conflicto y promotor de la antiminería, advirtió fallas claves en la legislación actual e imparcialidad del Ministerio de Energía y Minas, organismo que está a cargo de la fiscalización ambiental y al mismo tiempo promueve la inversión minera, lo cual es totalmente incompatible.
En declaraciones al diario La República, Arana se mostró preocupado por “la incapacidad total del Estado para regular las actividades mineras ilegales, y aseguró que nadie controla el contrabando de sustancias químicas y explosivas en la zona.
“Estamos frente a un tema de política ambiental. Si el Estado no opera, entonces aparece la minería ilegal con esclavitud infantil, como ocurre en Madre de Dios”, denunció. Por ello, indicó que es difícil que el Estado sancione a la gran minería que ha ocasionado daños ambientales graves.
Falta responsabilidad ambiental de gran minería
En el caso de Majaz, el padre Arana advirtió que la minería se quiere imponer desde afuera a las comunidades de Ayabaca, que siempre han vivido de la agricultura, por lo que no se está respetando lo que las poblaciones desean como modelo de desarrollo. Consideró que la consulta del 16 de setiembre es el mejor mecanismo para buscar una solución pacífica.
Arana aseguró que sus críticas son más frontales contra la gran minería porque poseen recursos económicos para llevar a cabo buenas prácticas ambientales y sin embargo no las hacen, y aseguró que no se opone a la minería, pero estima que se debe realizar donde no se pongan en peligro los ecosistemas, ni la salud, ni los derechos de las poblaciones.