Organizaciones indígenas logran detener el proyecto de la Hidrovía Amazónica

En noviembre del año pasado, la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (Minam) informó que la Hidrovía Amazónica S.A. (Cohidro), concesionada el 7 de septiembre de 2017 al consorcio Cohidro S.A. -integrado por la firma peruana Construcción y Administración S.A. (CASA) y la china Sinohydro Corporation- desistió de continuar con la certificación ambiental que se le había solicitado para comprobar la viabilidad del proyecto.

Con una inversión inicial de 95 millones de dólares, dicho proyecto buscaba convertir 2687 kilómetros de los principales ríos de la Amazonía (Marañón, Huallaga, Ucayali y Amazonas) en una gran y única vía transitable. No obstante, debido a riesgos técnicos, económicos y ambientales expuestos tanto por la sociedad civil como por el propio Estado peruano, esta iniciativa no podrá ser ejecutada.

En el 2021 el proyecto estuvo paralizado debido a que no contaba con un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) aprobado. Pero los problemas con la iniciativa se remontan al 2014, pues por entonces se denunciaba que el proyecto no presentaba un proceso de consulta previa. Además, se alertó que la mencionada Hidrovía Amazónica podría afectar a 424 comunidades nativas, entre ellas los pueblos indígenas Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama-kukamiria, Murui-muinani, Shawi, Shipibo-Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine.

Tras dos años de que diversas organizaciones civiles exigieran el proceso de consulta previa; finalmente el consorcio chino desistió formalmente de seguir con la evaluación ambiental del Proyecto Hidrovía Amazónica mediante carta Nº 0596-2019-GG-COHIDRO dirigida al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), con fecha 19 de diciembre de 2019, informó la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El proyecto de la Hidrovía Amazónica recibió cuestionamientos por el impacto directo a las poblaciones que habitan en las riberas de los ríos. Foto: DAR

“Debe recordarse que los estudios ecotoxicológicos permitirían identificar cómo responder al hecho de que durante la elaboración del EIA del proyecto se encontraron sustancias potencialmente tóxicas y agentes cancerígenos como el arsénico en niveles por encima de lo seguro para el ecosistema, en más del 50% de muestras de sedimentos recogidas para la línea de base del EIA”, informó Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR para el medio La Mula. 

Cabe recordar que esta iniciativa fue cuestionada principalmente por el dragado de bancos de arenas, los cuales buscaban la mejor navegabilidad en unos 2687 kilómetros de los ríos Marañón, Amazonas, Huallaga y Ucayali. Con ello se pretendía alentar el comercio transnacional entre el Perú, Brasil y el resto de los países con costas en el océano Pacífico.

Después de tanto esperar, este proyecto ya no será una realidad gracias a la participación directa de pueblos amazónicos y organizaciones civiles quienes alertaron sobre los peligros ambientales que este megaproyecto causaría en nuestra Amazonía. En el 2021, una demanda judicial interpuesta por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) exigían la suspensión de la Hidrovía Amazónica.

La demanda estaba sustentada en la incertidumbre científica que despertaban los impactos que tendría el megaproyecto en los cuatro principales ríos de la cuenca amazónica. La imposibilidad de realizar este proyecto ha sido saludada por diversas autoridades del movimiento indígena.

“Desde mi punto de vista, como presidenta de una organización que representa los pueblos indígenas afectados por el proyecto, tuvimos y tenemos todo el derecho a esta lucha. No ha sido fácil, pero la unión entre pueblos y las comunidades nos ha permitido seguir luchando para nuestro territorio. Este proceso ha venido tanto de las organizaciones indígenas como de los aliados. Este logro es el resultado del trabajo conjunto de los jefes de las comunidades con sus pueblos, de las organizaciones indígenas cómo representantes de nuestros pueblos y de nuestros aliados”, sostuvo Graciela Reátegui, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas y Afluentes (Feconau), para el Instituto de Defensa Legal.