Con la participación de diversas organizaciones se presentó ayer el proyecto “Fortaleciendo la Vigilancia Indígena”, con el que se espera fortalecer los sistemas indígenas de vigilancia en la Amazonía peruana (Cusco, Junín, Loreto y Ucayali), a través del fortalecimiento organizacional, la integración de los sistemas de vigilancia y la articulación con el Estado.
Al respecto, Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad, manifestó que “el caso del lote 8 es un ejemplo interesante de la rápida acción. Creo que las experiencias de cómo las comunidades cuidan sus territorios, vigilan sus recursos naturales y nos plantean modelos de cómo hacerlo, necesitan no solo ser reconocidas, sino tener el soporte del Estado, del sector público”, informó DAR a INFOREGIÓN.
Por su parte, Irene Horejs, Embajadora en Perú de la Unión Europea, financista del proyecto, señaló: “Para nosotros apoyar el proyecto en la Amazonía es muy importante porque sabemos que las organizaciones han desarrollado en los últimos años mucha capacidad de vigilancia, para que los pueblos conozcan sus derechos y se sepa argumentar, siempre de manera pacífica (…). Sabemos que no hay mejor protección para los bosques de la Amazonía que los pueblos indígenas mismos. Los pueblos indígenas de la Amazonía han demostrado eso en múltiples ocasiones y nosotros hemos sido testigos de ello”.
Sobre el Proyecto, Isabel Gonzales, coordinadora del Proyecto y especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, puntualizó: “No es que estemos creando sistemas, los mecanismos de vigilancia existen y han existido hace mucho tiempo. Lo que buscamos es fortalecer estos mecanismos y articularlos a la estructura del Estado. Hay tres puntos que abordamos: vencer la exclusión y falta de reconocimiento de las organizaciones indígenas en espacios de decisión; resaltar la contribución de los pueblos indígenas para controlar las actividades que ocurren en sus territorios; y a partir de ello contribuir a evitar conflictos sociales”.
Asimismo, Lizardo Cauper, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) refirió “Este proyecto nos va ayudar a fortalecer nuestra forma de proteger, de controlar nuestro territorio. Lo que queremos es visibilizar nuestro sistema de control del territorio, de todo lo que pasa dentro de las instituciones que tienen que velar [por el] y no lo están haciendo. Nadie sabe qué está ocurriendo en un territorio donde se realizan diferentes actividades. Las organizaciones indígenas sistematizamos los reportes de ocurrencia en nuestros territorios, para (…) de esa manera mejorar las políticas medio ambientales y sociales, y que se reconozca el trabajo que están haciendo la mismas comunidades”.
De esta manera, Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), hizo referencia al rol indígena en la vigilancia: “Entendemos que la gestión de nuestro territorio es desde adentro, tenemos que hacer conocer a los que están afuera de que ahí existimos personas y que necesitamos que respeten nuestra vida, la vida de nuestros hijos, nuestros sueños”.
Además, Ángel Pedro, representante de la Central Asháninka de Río Ene (CARE), expresó que “el proyecto nos va fortalecer para vigilar más a nuestras comunidades, también para vigilar al Estado y pueda invertir bien. Nosotros como pueblos indígenas estamos dispuestos a trabajar por ello”.
Por su parte, José Katinga, subjefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), señaló el contexto que hace necesario el sistema de vigilancia del territorio en Cusco: “las amenazas son los proyectos energéticos, aumento de incidentes y además tenemos la desnutrición crónica infantil. En la zona hay mano cualificada pero están trayendo de otro sitio. También tenemos la presencia del narcotráfico y militarización. Por ello, el proyecto es importante porque aportará al sistema de monitoreo indígena comunitario, además ahí está el PMAC [Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario], donde COMARU es el coordinador Ejecutivo.”
DATO
Este plan será trabajado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en alianza con la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT); la Central Asháninka de Río Ene (CARE); el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU); y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU).