A través de un pronunciamiento, diversas organizaciones civiles ambientalistas indicaron que el “Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil”, también llamado Acuerdo Energético Perú – Brasil, sería lesivo para el país porque “comprometería la seguridad energética nacional, el medio ambiente y la paz social del país”.
Entre los firmantes del documento figuran Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Sociedad Peruana de Derecho Ambienta (SPDA), PRONATURALEZA, Central Ashaninka del río Ene (CARE), Fórum Solidaridad Perú, Rainforest Foundation UK (Fundación para los bosques tropicales – Reino Unido), Servicios Educativos Rurales (SER), CIMA Cordillera Azul, International Rivers y el Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH)
El colectivo expresa su preocupación por la reciente creación de la Comisión Multisectorial de Facilitación de Inversiones Energéticas, ya que “ésta facilitaría la obtención de certificaciones ambientales de grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía peruana”.
“La finalidad del Acuerdo es promover la construcción de centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión en la Amazonía peruana por parte de empresas de capital brasileño, y establecer las condiciones para la venta de la electricidad en estos dos países”, señala el pronunciamiento.
El documento también indica que dicho Acuerdo es perjudicial para nuestro país “ya que la cantidad de energía que se prevé generar en el Perú no se ha definido en el marco de una Política Energética clara, ni menos en cálculos certeros de la demanda futura de energía del país”.
Desplazamientos forzados
La construcción de centrales hidroeléctricas en nuestra Amazonía, según el colectivo ambientalista, incluirá también “el desplazamiento de personas, principalmente de pueblos indígenas asentados tradicionalmente en la Amazonía, además de la inundación de inmensas áreas de bosques tropicales”.
Asimismo, se señala que “la mayoría de beneficios económicos serán para Brasil”, debido a que empresas de dicho país construirán la infraestructura, con propio financiamiento para finalmente exportar la energía al territorio brasileño.
Ante estas consecuencias, “el Acuerdo Energético no debe ser aprobado por el Congreso de la República ni menos ratificado por el Presidente de la República, ya que representaría un gran riesgo para la seguridad energética, el medio ambiente y la paz social en el Perú, además de que sus términos no corresponden a un trato justo y equitativo entre ambas naciones, y donde tanto los beneficios como los costos y riesgos no son adecuadamente compartidos”.
La posición del colectivo se hizo conocer mediante una nota de prensa durante la audiencia pública denominada “Los impactos ambientales y sociales de las megacentrales hidroeléctricas en la Amazonía” que se realizó en el Congreso de la República.
Durante el evento, la directora ejecutiva de DAR, Pilar Camero Berríos afirmó que es necesario fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y hacer mucho mas efectivo el rol de prevención y de fiscalización ambiental.