Diversas asociaciones vinculadas a la protección de los derechos de pueblos indígenas de la Amazonía de nuestro país y relacionadas al sector ambiental y la conservación de la biodiversidad, expresan su disconformidad con la propuesta del Ministerio del Ambiente (Minam) sobre los “Lineamientos para la implementación de REDD+ y la gestión de sus Unidades de Reducción de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (URE)”.
Dicho proyecto, publicado el 13 de enero último, mediante Resolución Ministerial n.º 011-2022-MINAM, estaría imponiendo a las comunidades y poblaciones de los bosques de la Amazonía una serie de restricciones para el aprovechamiento económico que realizan por la captura de carbono, que se ejecuta a través del REDD+.
El aspecto que más preocupa es que con esta propuesta normativa se estaría vulnerando el derecho a la propiedad pues no se permitiría a los propietarios, como las comunidades indígenas o asociaciones, a que puedan vender directamente sus propios bienes, es decir sus bonos de carbono.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) y otras normativas vigentes ya reconocen el derecho de las comunidades nativas y de las reservas comunales para el aprovechamiento y comercialización de los créditos de carbono y que cualquier regulación posterior no puede ir en contra ni limitar esos derechos.
Agregan que si se ejecutan las medidas propuestas por el Minam, no solo se desconocerían los esfuerzos que vienen realizando las comunidades y poblaciones locales para enfrentar la deforestación en la Amazonía peruana, si no que se vulneraría los derechos sobre los servicios ambientales reconocidos por los artículos 51 y 60 de la LFFS. Es decir, el Minam estaría desconociendo y contraviniendo normas ya aprobadas anteriormente y en las que participaron en su redacción representantes de esa misma cartera.
En esa línea, también cuestionan el Decreto Supremo n.º 003-2022-MINAM (Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática), publicado el 25 de enero último, que establece en el artículo 3 inciso 3.2 que el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe) debe estar a cargo de la administración los bonos provenientes de la REDD+
¿Qué es REDD+?
Es importante señalar que REDD+ es un mecanismo para luchar frente al cambio climático, y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono. REDD+ significa reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Asimismo, el signo + representa que en su implementación hay componentes de conservación, gestión sostenible de los bosques con participación de la población local y aumento de las reservas forestales de carbono.
Las iniciativas REDD+ son implementadas por los pueblos indígenas de la Amazonía a través de acciones de conservación de los bosques. Es importante el cuidado de los bosques ya que la tala de estos espacios libera una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. La conservación de los bosques permite generar los bonos de carbono, los mismos que pueden ser vendidos a empresas, las cuales buscan reducir su huella de carbono, es decir disminuir el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero que se producen al realizar una determinada actividad económica.
El meollo del asunto
El mercado de bonos de carbono es un espacio donde se puede realizar actividades económicas que permitan enfrentar el cambio climático y también mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades, –que son los guardianes de los bosques–, a través de la venta de los mencionados bonos.
A esta actividad económica de las comunidades y poblaciones amazónicas, el Minam estaría poniendo restricciones a través de estos nuevos lineamientos. La finalidad última del Estado peruano sería apoderarse de estos bonos a cuenta de que las comunidades les donen este bien.
Las organizaciones denuncian que no fueron contactadas, no se les pidió opinión, ni fueron comunicadas, por las autoridades correspondientes, sobre esta propuesta normativa.
En ese sentido, los representantes de las comunidades solicitan al Minam convocar a los actores involucrados en el tema para encontrar una solución justa que no vulnere los derechos de los pueblos indígenas y modificar la propuesta normativa por ir en contra de las normas vigentes.
Cabe indicar que los pueblos indígenas, son la primera línea de contención frente a los peligros permanentes que amenazan a nuestra Amazonía, como son los delitos ambientales, se informó a INFOREGIÓN.
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