La Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) pidió al Ministerio del Ambiente disponer la intervención inmediata de su procurador para que imponga una sanción contundente sobre las personas que destruyen los bosques amazónicos y amenazan la vida de los indígenas de la etnia mashco-piro. Esto, a raíz de la última arremetida de un grupo de trocheros ilegales que fueron sorprendidos abriendo una vía ilegal hacia áreas protegidas del Purús.
Los delincuentes -quienes iban armados de hachas, machetes y otros instrumentos contundentes- fueron encontrados en plena acción delictiva por Yrma Quispe Arriola, fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Ella estuvo acompañada de Juan José Villanueva Saavedra, gobernador de Purús, y Rafael Pino Solano, jefe de la Reserva Comunal Purús.
Según testimonios, los infractores agredieron verbalmente a las autoridades y a los efectivos de la Policía Nacional que los acompañaban.
Orau también señaló a INFOREGIÓN que el grupo de trocheros ilegales cuenta con el respaldo del sacerdote Miguel Piovezan y el alcalde de Purús, Lerner Panduro, quienes pretenden hacer realidad el proyecto de ley N° 1035 que propone la construcción de una carreta que atravesaría la Reserva Comunal Purús, el Parque Nacional Purús y la Reserva Territorial.
Esta iniciativa del congresista fujimorista Carlos Tubino ya ha recibido el rechazo de organizaciones ambientalistas y organizaciones indígenas pues no solo amenaza la vida de los pueblos, sino biodiversidad de las áreas protegidas.