Ocho líderes indígenas de la selva central han sido acusados de secuestro por las desapariciones forzadas de cuatro personas que buscaban avanzar con su viaje por rutas alternas debido al paro asháninka que mantenía bloqueada la carretera en la comunidad de Puerto Ocopa, en abril pasado, tras el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón.
Los ciudadanos desaparecidos son José Valdivia Andamayo, Brandom Alejandro Cruz Rojas, Erick Cabrera Cáceres y Adrián Asunción Ramírez Fernández.
Por este caso fueron detenidos Fabián Antúnez Camacho presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART) y José Saavedra Carrión, jefe de la comunidad nativa de Puerto Ocopa. En tanto los líderes investigados son Fredi Gavilán Mejía , Claudio Jayunca Mañoro, Antonio Aucayauri Fuentes , Eulogio Domingo Prado y Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
La abogada de CARE, Irupé Cañari, precisó que la organización indígena y Pedro Valerio desconocían que estaba inmerso en estas investigaciones porque nunca fue notificado en calidad de testigo, imputado o denunciado. Y tampoco le llamaron para que sea parte de las diligencias programadas por la Fiscalía.
Cañari sostuvo que para la CARE fue una sorpresa cómo el Poder Judicial puede concluir que existe peligro de fuga cuando no existen pruebas de que Valerio se haya rehusado a ser partícipe de las investigaciones.
Agregó que Ángel Pedro Valerio se encuentra actualmente realizando trabajo de campo en las comunidades nativas mientras su organización arma una estrategia legal para ejercer su defensa.
La abogada relató que el 14 y 15 de abril, días en que desaparecieron los cuatro ciudadanos, el líder indígena se encontraba en el Congreso Ordinario Asháninka de su organización y dijo que que hay testigos de ello.
Fotografías del Congreso Asháninka del Río Ene donde se observa al líder Pedro Valerio (tercero desde la derecha).[/caption]
“Hay testigos, como el mismo gobernador regional de Junín [Zósimo Cárdenas], alcaldes provinciales, distritales y otras autoridades políticas e instituciones como Sernanp y el Ministerio de Vivienda que han estado presentes en el Congreso”, afirmó Irupé Cañari.
Dicho congreso ocurrió en la comunidad nativa Puerto Shampintiari, que se encuentra entre diez a trece horas de viaje de la comunidad nativa de Puerto Ocopa, donde ocurrieron los crímenes.
La hipótesis de CARE
La abogada Irupé Cañari recuerda la lucha frontal del líder indígena contra los cultivos ilícitos de la hoja de coca, por lo cual habría recibido amenazas de muerte por parte de narcotraficantes, cuya presencia altera la organización social, política y económica de las comunidades, aclara Cañari.
Añade que existe una vulneración de derechos colectivos indígenas en relación a la deforestación masiva de los bosques y por ende, el manejo de sus territorios.
“Incluso nos podríamos atrever a decir de altos mandos del propio Estado, le hace ruido el trabajo que viene realizando el presidente de CARE, y han visto en este hecho para ejercer presión sobre él”, señaló la abogada.
“Nos preguntamos: ¿Por qué el Estado, en vez de defender a los defensores de derechos humanos termina imputándolos?”, dijo Yanet Velasco Castillo, miembro del Consejo Directivo CARE, en un comunicado de la institución.
Vulneración de derechos
La organización indígena denuncia la vulneración del derecho a la defensa de Ángel Pedro Valerio. Para ello, es básico que el imputado tenga conocimiento de estos hechos y la oportunidad de probar lo contrario, según Cañari.
La abogada añadió que el señor Valerio tomó conocimiento de la orden de detención preliminar en su contra mediante los medios de comunicación. Esta orden fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sede Distrital del Poder Judicial de Satipo.
Aclaró que, si bien es cierto apoyo públicamente el paro nacional ashaninka en abril, a raiz del asesinato del lider Santiago Contoricón, la abogada de Pedro Valerio se reitera en que esto no significa que haya participado de hechos violentos o que se haya plegado al paro.Valerio es conocido por ser defensor de derechos humanos y ambientales, hoy CARE denuncia su criminalización y amenaza por parte de taladores ilegales, cocaleros, entre otros.
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