Ángel Massiris, experto en ordenamiento territorial, director del Programa de Doctorado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, señaló que, si bien han transcurrido 30 años de aplicación de políticas de ordenamiento territorial en América Latina, subsisten problemas territoriales como ciudades fragmentadas, caóticas, dispersas, ambientalmente insostenibles; así como erosión, pérdidas de suelo, riesgo de desastres por ocupación indebida, agotamiento de los recursos naturales, inequidad y desigualdad social, entre otros problemas.
Para Massiris el ordenamiento territorial se perfila como una fórmula para alcanzar el desarrollo económico del país con sostenibilidad ambiental y equidad social. Sin embargo, “los Estados no han sido coherentes con un ordenamiento territorial (OT) orientado al desarrollo sostenible y ha prevalecido sólo las políticas económicas”, según dijo.
“Suele predominar en la política económica una política desarrollista, en la que prima el aprovechamiento a cualquier costo de los recursos del país. Es una política que le está haciendo mucho daño a los territorios nacionales. Muchos países de América Latina están repensando el modelo ya que no cabe ninguna posibilidad de un desarrollo económicamente sostenible, socialmente incluyente, regionalmente equilibrado bajo esta lógica”, agregó.
Ángel Massiris manifestó que otro factor que ha impedido alcanzar mejores resultados en las políticas de ordenamiento territorial ha sido el divorcio existente entre la planificación sectorial y la planificación territorial. A ello se suma la desarticulación entre los niveles de gobierno.
Por otro lado, destacó también como un problema la coexistencia de un conjunto de políticas territoriales distintas como el desarrollo regional, la planificación urbana, la descentralización, el desarrollo territorial y el ordenamiento territorial, que han ido surgiendo en el tiempo y que se aplican simultáneamente, generando tensiones y fragmentación.
El experto también puso énfasis en la falta de voluntad política y de recursos financieros para la implementación de los planes de ordenamiento. Precisó que el Plan de OT es solo la carta de navegación pero que su implementación requiere de una inversión importantes recursos y procesos de transformación de largo plazo.
Destacó asimismo la diferencia que existe entre la parte pasiva y activa del ordenamiento territorial. En la primera, se refirió a la zonificación, la misma a la que consideró muy vinculada a la política ambiental. En la parte activa, se refirió al proceso de articulación e integración del territorio considerándolo como la parte estructural. Sostuvo que ella es la que dialoga con las políticas de desarrollo económico.
Ángel Massiris también se refirió a la necesidad de un marco legal y de una institucionalidad para que el ordenamiento funciones.
Consultado sobre el carácter vinculante de los planes de ordenamiento territorial dijo que éste depende de la escala. “En la escala local debe ser vinculante. Ordenar un territorio es sumamente costoso y si se van a elaborar planes solo orientadores no valdría la pena tanto esfuerzo, porque es casi es un hecho que no se van a cumplir. En los niveles regionales y nacionales adquieren un carácter orientador”, precisó.
Por otro lado señaló la importancia de la participación social como un elemento que diferencia las políticas sectoriales de las territoriales, pues esta se ejerce de abajo hacia arriba y son consensuadas, por lo que es necesario trabajar en mecanismos de implementación.
Finalmente, señaló la necesidad de trascender el concepto sectorial y pasivo del Ordenamiento Territorial, por un concepto integral y activo, enmarcado en un nuevo modelo de desarrollo. Se necesita humanizar el territorio, considerando el medio ambiente; si no se realizan reformas al modelo económico, los principales problemas se van a seguir agudizando, según declaraciones recogidas por la Plataforma para el Ordenamiento Territorial.
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