Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al Estado peruano brindar mayor protección a los defensores de derechos humanos.
A través de un documento dirigido al presidente de la República, Francisco Sagasti, pidieron además un informe sobre las medidas que adoptó el estado para garantizar la labor de los defensores.
Estas medidas debieron ser aplicadas con la finalidad de evitar que los defensores sufran “actos de intimidación, acoso o represalias de ningún tipo, criminalización o uso indebido del derecho penal en relación con su labor”.
Asimismo, solicitó al presidente informar sobre el “asesinato y la intimidación, amenazas y hostigamiento contra líderes indígenas y defensores de los derechos a la tierra y el medio ambiente” en los departamentos amazónicos de Ucayali, Huánuco, Amazonas y Madre de Dios.
Con respecto a las protestas contra el expresidente Manuel Merino, los relatores especiales pidieron informar sobre “casos de amenazas y detención arbitraria de personas defensoras, integrantes de La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)”.
Profunda preocupación
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mostró su preocupación “por los ataques graves hacia los líderes indígenas y defensores de los derechos indígenas, medioambientales y de la tierra en las regiones amazónicas de Perú”.
“Nos preocupa la existencia de un presunto patrón de violencia que se observa contra comunidades indígenas que buscan proteger sus territorios de la deforestación y defender sus derechos colectivos”, expresa el documento.
Además, reconocen que los defensores en la Amazonía peruana trabajan en un territorio con presencia del narcotráfico. En este contexto, lamentaron la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de archivar el Acuerdo de Escazú, en octubre de 2020.
Sesenta días
Los relatores especiales pidieron al Estado identificar de qué manera el Ministerio de Cultura está implementando su función de “promover y garantizar los derechos de los pueblos indígenas de Perú, en particular sus derechos a las tierras, territorios y recursos“.
Asimismo –en un plazo de 60 días– deberá informar entre otras medidas las investigaciones llevadas a cabo respecto a las amenazas contra los defensores Demetrio Pachecho, Miguel Guimaraes, Herlin Odicio Estrella, Jesús Cahuasa, Berlin Diques y Jamer López.
También deberá detallar las solicitudes de protección que recibieron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Y en caso de que hayan recibido, indicar si realizaron el “análisis de riesgo”.
Defensores indefensos
El documento enviado por los relatores especiales recoge la información que recibieron sobre los asesinatos y amenazas de defensores ambientales, de la tierra y los derechos humanos.
Entre ellos se encuentra el asesinato de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, defensor de los derechos ambientales que se dedicaba a la conservación y defensa de los bosques y se oponía a la minería ilegal de mercurio en Madre de Dios.
Asimismo, nombran el caso del actual presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) Berlin Diques y el asesor Jamer López, quienes recibieron amenazas luego de denunciar el asesinato del defensor Arbildo Meléndez.
También recuerdan el caso del actual presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), Miguel Guimaraes, quien en octubre de 2020 recibió amenazas de muerte a través de un mensaje de WhatsApp.
En este contexto, los relatores solicitaron “todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”.
“Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”, finaliza el documento.
Consecuencias políticas y comerciales
Especialistas en derechos humanos comentaron que la protección de defensores de derechos humanos, ambientales e indígenas es una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al Perú.
Por ello, una respuesta poco satisfactoria a la carta enviada por los relatores de las Naciones Unidas podría retrasar el proceso de incorporación del Perú a este organismo internacional.
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