SUIZA. Desde Ginebra, Mary Lawlor, relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien sigue casos de ataques contra activistas sociales, pidió al Gobierno peruano acabar la criminalización de los defensores de las comunidades y del ambiente, tras la condena a tres dirigentes que lideraron movimientos sociales contra proyectos mineros. Añadió que el Estado debe garantizar que el Poder Judicial no sea utilizado para silenciar a los líderes sociales.
La Corte Suprema del Perú, máxima instancia judicial del país, confirmó recientemente una sentencia de diez años de prisión contra César Estrada Chuquilín, defensor medioambiental y del derecho a la tierra. Según información reunida por el Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura, Estrada era víctima de acoso, seguimiento y amenazas desde 2014, a raíz de su oposición al proyecto minero Conga, región Cajamarca.
La relatora de la ONU denunció igualmente los casos de Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos y Jesús Mariano Cornejo Reynoso, condenados en primera instancia a doce y siete años de prisión, respectivamente, por “entorpecimiento de los servicios públicos”. Asimismo, se les acusó de haber incitado a una revuelta para expresar rechazo al proyecto minero “Tía María”, explotado por Southern Peru Copper Corporation, en el departamento de Arequipa.
“Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín, que conllevan penas de más de diez años de prisión, se utilicen para desacreditar a los defensores de los derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas”, señaló Lawlor.
La situación de Estrada había sido expuesta por el anterior relator Michel Forst durante una visita que realizó a Perú el año pasado, cuando habló del grave riesgo que enfrentan quienes trabajan en la protección de la tierra, de los recursos naturales y de los derechos de los pueblos indígenas. Lawlor dijo que a pesar de los esfuerzos del Gobierno, “las amenazas, los ataques y la criminalización continúan”, particularmente en Cajamarca y Arequipa.
Fuente: La República
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