El nuevo gobierno deberá incluir en su agenda presidencial la resolución de diversos conflictos sociales que atañen los derechos humanos, según considera el Reporte Alternativo de la organización Capital Humano y Social (CHS).
Se precisa que los principales problemas son el narcotráfico, el tráfico ilegal de migrantes, el lavado de activos y la trata de personas, así como la minería, la tala ilegal y la segregación de la basura.
“Con la finalidad de contribuir con el desarrollo social, la nueva gestión deberá promover la implementación de un programa de sensibilización y prevención en las escuelas de las zonas de mayor vulnerabilidad. Además, deberá cumplir lo previsto en el artículo 8 de la Ley General de Inspección del Trabajo sobre identificación de presunta comisión de delito en centros laborales”, indica el mencionado reporte.
Se informó en ese sentido que es necesario incluir las inspecciones a locales nocturnos, bares, cantinas, prostíbulos, aserraderos, centros mineros informales, zonas de tala ilegal de madera, maquilas y talleres de confección y artesanía, y regularse el mercado de ofertas de trabajo, ya que las direcciones regionales de trabajo no fiscalizan a las agencias de empleo.
El Reporte Alternativo de CHS considera asimismo importante cumplir con las normas sobre la autorización, registro y supervisión del trabajo en adolescentes por cuenta ajena y dar cumplimiento a la relación de trabajo y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral de adolescentes, especialmente en el sector minero.
Registro de menores
De forma preventiva, se indicó que es importante contar con un registro de niños menores de 5 años que viajen para prevenir el traslado y venta de niños pequeños, así como controlar el cumplimiento de las normas sobre autorización de viaje e identificación en el traslado de menores de edad por vía terrestre, fluvial, marítima y aérea.
Además, se debe fortalecer el control en las zonas de frontera, especialmente en Tumbes y Piura, por el norte, y Puno y Madre de Dios, por el sur, debido a que es sabido que en esas zonas la trata de personas se vincula a los delitos del tráfico ilegal de migrantes y narcotráfico.
El reporte considera que otra de las tareas de lanueva administración de gobierno es mejorar las capacidades técnicas, instrumentales y tecnológicas de los operadores policiales y fiscales en la labor de inteligencia así como implementar una unidad de seguimiento a casos judicializados.
Demanda asimismo mejorar la calidad, cobertura y oportunidad del sistema de asistencia y protección a víctimas y testigos.
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