Durante el 2015, los gobiernos regionales presentaron bajos niveles de cumplimiento en sus funciones de fiscalización ambiental debido al desconocimiento de la normativa ambiental, al escaso interés por las problemáticas ambientales, una asignación presupuestal insuficiente y la falta de recurso humano capacitado.
Esta fue la conclusión de un estudio realizado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que verificó el trabajo de fiscalización ambiental desarrollado por los gobiernos regionales durante el 2015 en los sectores salud, pesquería y minería. Esta labor se realizó en el marco de su función supervisora de las entidades de fiscalización ambiental (EFA).
Asimismo, los resultados muestran deficiencias en el desempeño de la fiscalización ambiental, en la ejecución de acciones de evaluación y supervisión ambiental, la tramitación de procedimientos sancionadores y sanciones a infractores, la atención de denuncias ambientales, la vigilancia en el manejo de residuos sólidos y la identificación y comunicación de minería ilegal.
Es sabido que en el sector pesquería, los gobiernos regionales son competentes para la fiscalización ambiental a las actividades de acuicultura de menor escala y subsistencia, pesca artesanal, de menor escala y continental, y procesamiento artesanal. Además, en el sector minería pueden fiscalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal.
Cabe mencionar que, en cuanto al sector salud, los gobiernos regionales están facultados para fiscalizar los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo en el ámbito de su jurisdicción, y además para fiscalizar actividades realizadas por las empresas prestadoras de servicios en residuos sólidos y en su comercialización.
Las regiones que ocuparon el primer lugar en cumplimiento de labores de fiscalización ambiental son: Junín (sector pesquería), Piura (sector minería) y La Libertad (sector salud). Sin embargo, sus cifras son insuficientes tal como se remarcó previamente, informó el OEFA a INFOREGIÓN.
Los resultados de este informe fueron remitidos a la Contraloría General de la República para que realice los deslindes de responsabilidad administrativa funcional que correspondan.