La República. Peligro. El sangriento enfrentamiento en Ica entre los guardaespaldas de la familia Sánchez Alayo por la administración de la mina San Simón, que dejó tres muertos, puede repetirse en cualquier momento en Trujillo y también en Moyobamba, en el distrito judicial de San Martín.
En medios judiciales trascendió ayer que Manuel Sánchez Paredes y su hijo Miguel Ángel obtuvieron una nueva medida cautelar en un juzgado de San Martín que les devuelve la administración judicial de la referida mina.
Mientras, en el otro bando, sus hijos Segundo, Andrés, Fidel Ernesto, Simón Agapito, Rosmery y Carlos Alberto Sánchez Alayo permanecen atrincherados en la mina en Trujillo y en las oficinas en Lima, aunque la explotación minera está paralizada.
La OCMA inició una investigación a la actuación de los jueces de Paiján e Ica que tramitaron las medidas cautelares de Manuel Sánchez Paredes y sus hijos.
Pelea a muerte
Igualmente, la Policía y la Fiscalía de Ica investigan el enfrentamiento ocurrido en las cercanías de la Corte Superior de Ica, donde murieron tres “agentes de seguridad” contratados por los Sánchez Alayo.
Según las primeras indagaciones, los “agentes” de los Sánchez Alayo fueron trasladados a Ica para intimidar al administrador judicial Gonzalo Alzamora Ruiz, nombrado por el padre, Manuel Sánchez Paredes.
Sin embargo, cuando ya se disponían a retirarse (no se sabe si consiguieron su objetivo), llegaron los guardaespaldas de Manuel Sánchez Paredes que “dispararon a matar” como evidencian, según la Policía, los múltiples impactos de bala que presentan las víctimas.
La policía sospecha que los atacantes podrían ser sicarios profesionales contratados en el exterior, por la efectividad de los disparos, para lo cual citará a declarar a los dos bandos involucrados.
Desaparecen los abogados de los Sánchez Alayo
El único abogado de los Sánchez Paredes que accedió a conversar ayer con La República fue César Nakazaki. “Soy abogado de Orlando, Wilmer y Amanda Sánchez Paredes, que no tienen nada que ver con los sucesos de la mina San Simón que pertenece a Manuel y sus hijos Sánchez Alayo”, indicó.
Fuentes judiciales de Ica y Lima señalan a los abogados Carlos Caro Coria y Luis Reyna Alfaro como los promotores de las medidas cautelares de los Sánchez Alayo. Pero Caro lo niega y Reyna dice que solo ve el tema de lavado de activos .
La República logró ubicar por teléfono a Manuel Andrés y a Fidel Ernesto Sánchez Alayo, pero ambos cortaron la comunicación inmediatamente.
La familia Sánchez Miranda distribuyó un aviso en el que deslinda y “rechaza todo acto que no respete la vida y los DDHH”. “Nunca hemos intervenido en un acto de violencia”agregan . Además expresan sus condolencias a las familias de las víctimas.
Los comentarios están cerrados.