A inicios de esta semana, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso mandó al archivo el Proyecto de Ley Nº 3518 del congresista fujimorista Jorge Morante Figari. La decisión se basó en que la norma constituye una amenaza contra la existencia e integridad de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci).
Esto debido a que la propuesta legislativa pretende anular la competencia del Ministerio de Cultura (Mincul), ente rector en los derechos de los Piaci, para que sean los gobiernos regionales los que tomen decisiones sobre la creación y reconocimiento de las reservas indígenas. Áreas donde viven 25 de estos pueblos originarios, los cuales agrupan una cantidad de más de 7000 personas, de acuerdo al Mincul.
Sin embargo, pese a que dicha acción por parte de la Comisión de Pueblos Indígenas representa un importante logro para las organizaciones indígenas, que hoy se encuentran en pie de lucha por la defensa de los Piaci, estas aún deben esperar que la Comisión de Descentralización archive el PL de Morante de manera definitiva. Mientras tanto otras, propuestas legislativas contra el ambiente y las comunidades nativas quedan por debatirse en el Pleno.
¿Cuáles son los proyectos de ley contra el ambiente?
En primer lugar, están los proyectos de ley 649, 894 y 2315. Estos proponen modificar la Ley N° 29763 Forestal y de Fauna Silvestre con el propósito de legalizar actividades agrarias en tierras cuyo potencial no corresponde dichos fines, como las agropecuarias existentes, afectando el patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación.
Y por otro lado, el proyecto de ley del Ministerio de Energía y Minas (Minem), elaborado por la empresa estatal Perupetro, que busca modificar nueve artículos de la Ley N° 26834 de Áreas Naturales Protegidas (ANP) a fin de impulsar actividades de aprovechamiento o extracción de recursos en 36 puntos del territorio nacional, donde se superponen áreas naturales protegidas, territorios indígenas y lotes de hidrocarburos y gas natural.
Sobre ello, Mariano Castro, actual director del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), conversó con Inforegión y advirtió que, de aprobarse las propuestas legislativas mencionadas, el Poder Ejecutivo y Legislativo reforzarán condiciones para promover afectaciones directas contra los pueblos indígenas, sus bosques y la biodiversidad.
“[Los proyectos de ley mencionados] constituyen en su conjunto una grave afectación directa al bienestar de la población actual y futura. Implican una visión de generación de condiciones donde los daños se transfieren a la sociedad y en donde determinados grupos de interés buscan un beneficio de corto plazo. Tanto sectores del Gobierno como sectores importantes en el Congreso están reforzando condiciones que habilitan la deforestación y afectaciones de vida”, advierte Castro.
Peligros claros sobre el PL de Perupetro y el Minem
Hoy en día, a pesar que dichas iniciativas legislativas debilitan el marco normativo ambiental, dos de ellas ya se encuentran listas para debatir en el Parlamento y esperan ser aprobadas, incluso por insistencia, sin tomar en consideración las opiniones contrarias de las autoridades ambientales y distintas organizaciones indígenas. Desde hace semanas, estas vienen alertando sobre la gestación de un nuevo ‘paquetazo ambiental’.
“No es un asunto simplemente de un ‘paquetazo de medidas ambientales’. Es debilitamiento de políticas y condiciones para efectos de impulsar procesos sostenibles de desarrollo, sobre todo, en la Amazonía. No podemos pensar que el desarrollo peruano sea incluir estas ‘consideraciones ambientales y climáticas’, y más aún en la Amazonía, donde están las zonas de mayor de biodiversidad y a la vez mayor deforestación. Hay un círculo que debemos romper para transitar a un nuevo modelo de desarrollo sostenible y se considere el bosque como un factor de entidad y gobernanza”, explica el exviceministro del Ambiente.
En esa línea, Castro precisa que, en el caso del PL de Perupetro, este transgrede importantes compromisos internacionales, como el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, firmado en 2006, estableciendo que ambos países “reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales”. Pero, aún así, el Minem ha decidido respaldar la iniciativa de Perupetro, misma que debilita la seguridad de todas las áreas naturales protegidas del país.
Sobre este punto en particular, el actual director de la FCDS considera lo siguiente:
“Hay que tener en cuenta de que no existe política de gobierno en materia energética. Lo que existen son contradicciones entre lo que significa esta propuesta [legislativa de Perupetro] y la promoción de energía renovable, porque se pretende someter la política de conservación, que tiene 60 años y ha venido consolidándose a una política energética que no existe y se contradice en sí misma”.
Posible solución ambiental
En el marco de la situación nacional ambiental, durante la entrevista con Inforegión, Castro también habló de las posibles soluciones que podrían contribuir a crear nuevos procesos económicos sostenibles, que, al mismo tiempo, mitiguen los efectos del cambio climático poco a poco.
“La cuestión del cambio climático es un asunto que tiene que ver con el desarrollo. Por lo tanto, es multidimensional, porque atraviesa cualquier estrategia de desarrollo e incrementa y agrava las condiciones de pobreza. En el caso del Perú, que tiene identificado cuáles son los factores de vulneración, se tiene que mejorar las capacidades frente a las condiciones de mayor vulnerabilidad y eso supone crear una estrategia de adaptación que requiere recursos concretos”, afirma.
En ese sentido, el exviceministro del Minam señaló que activar políticas de reducción de emisiones sería una puerta para impulsar al país a generar oportunidades de desarrollo con enfoque climático y en pro de la conservación, siempre y cuando el Estado asigne debidamente los recursos para llevarlos a cabo.
“Las estrategias regionales de desarrollo rural bajo en emisiones constituyen una oportunidad de crecimiento en diversos sectores por impulsar procesos económicos que integran la cuestión climática para generar empleo, desarrollo e ingresos. Si bien con esto no se resolverá el cambio climático, es una contribución para mejorar: los niveles de deficiencia energética, reducción de deforestación, transporte. Por lo tanto, se deben integrar las consideraciones climáticas en todos los procesos”, explica.
“Hay que hacer un llamado a que se impulse una política energética consistente, contemplada según el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y con los compromisos establecidos por el Estado peruano de Reducción de Gases de Efecto Invernadero”, finalizó.