El abogado Miguel Ángel Rodríguez Mackay juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores el pasado 6 de agosto. Tiene una amplia carrera en el sector público. Fue nombrado como jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). También se ha desempeñado como jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Igualmente, fue consultor del Gabinete del Ministerio de Defensa entre 2018 y 2019, así como consultor del viceministro del Sector de Defensa entre 2019 y 2020. Participó como asesor jurídico en el grupo de trabajo del juicio que siguió el Perú por límites marítimos en la Corte Internacional de Justicia de la Comisión Relaciones Exteriores del Congreso de la República entre 2012 y 2013.
Sin embargo, a pesar de su vasta experiencia el actual canciller de nuestro país se manifiesta en contra de que nuestro país ratifique el contenido del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que -entre otros fines- busca proteger a las y los defensores ambientales de nuestro país.
Rodríguez estuvo a favor del archivamiento de este acuerdo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ya que consideraba que sin su aprobación, el país conservará impoluta la intangibilidad de la soberanía nacional, como lo establecen los artículos del 66 al 69 de la Constitución.
No obstante, Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que la supuesta pérdida de soberanía que ocasionaría la ratificación del Acuerdo de Escazú es un argumento “injustificado, frágil e inconsistente”.
“Los congresistas y sus asesores no han podido comprobar ni demostrar en las legislaturas anteriores ni ahora qué sección del acuerdo contraviene la soberanía nacional. El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos. Busca democratizar las decisiones del país y eso, probablemente, es lo que asusta demasiado al Estado de ayer y al de hoy”, dijo Mora.
Cabe recordar que el informe “Última línea de defensa de Global Witness” precisó que solo en el 2020 fueron asesinados seis defensores (Arbildo Meléndez Grandes, Gonzalo Pío Flores, Jorge Muñoz Saavedra, Lorenzo Caminti, Roberto Carlos Pacheco y Santiago Vega Chota). Una de las principales causas fue la explotación forestal ilegal, pero entre los otros peligros están el narcotráfico y la minería ilegal, actividades ilícitas que merman el bienestar de quienes protegen su tierra.
Frente a ello, varios especialistas y abogados consideran que el Acuerdo de Escazú es una herramienta necesaria para promover el acceso a la justicia en asuntos ambientales a favor de las poblaciones indígenas, pues denunciar su vulnerabilidad se ha convertido en una acción de alto riesgo.
Escazú no es solo un acuerdo, es un medio de protección para quienes se ven olvidados por el Estado. Rectificarlo debe ser prioridad. Las autoridades deben tenerlo presente.