El Comercio. El presidente Humala ha reiterado, en entrevista con El Comercio, su respeto al medio ambiente y al cumplimiento de los acuerdos comerciales. ¿Pero qué pasa cuando los contratos atentan contra los derechos de las personas y el ecosistema, como sucede con los convenios energéticos que proyectan colmar la Amazonía de hidroeléctricas?
Como ha denunciado nuestro Diario, los ex presidentes Alan García e Inácio Lula da Silva acordaron, entre el 2008 y el 2010, levantar por lo menos 15 hidroeléctricas que, además de inundar bosques y alterar el ecosistema amazónico, ocasionarían el desplazamiento inconsulto de miles de asháninkas que obviamente no están dispuestos a abandonar territorios que han ocupado ancestralmente.
Peruanos que por segunda vez en sus vidas tendrían que huir, ya no del terrorismo que los asoló en los años 80, sino de una supuesta modernidad que no respeta a las minorías.
Los proyectos Tambo 40 y Pakitzapango son también abominablemente inequitativos. Plantean abastecer de electricidad al Perú y exportar a Brasil, por 30 años, un ‘excedente’ que, en realidad, no es tal. Significaría enviar al vecino país 80% de la producción en el primer decenio, 60% en el segundo y 40% durante el tercero. Recién después de 30 años la electricidad se quedaría en el país, y con una Amazonía bastante menoscabada.
La situación se complica si, como precisa la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Perú no tiene un estudio de demanda energética que le permita estar seguro de que puede dar porcentajes tan altos de electricidad a Brasil.
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