El pasado 31 de julio, la Junta Directiva del Banco Mundial (BM) aprobó el ingreso a una segunda fase de revisión y consulta del borrador de la “Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales” (más conocida como salvaguardas), elaborado por el Comité de Eficacia de Desarrollo (CODE) del BM, documento que debilitaría las normas en defensa del medio ambiente y pueblos indígenas tanto del Banco como de toda la comunidad internacional.
La principal preocupación ante dicha propuesta es el aplazamiento en la evaluación de riesgos e impactos socio-ambientales, sin que sea una condicionante para la aprobación e implementación del proyecto, informó Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) a INFOREGIÓN.
Se plantea eliminar requisitos estrictos que existían en las Salvaguardas actuales del BM como la publicación previa de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de alto riesgo antes de su aprobación. Asimismo, se pretende eliminar la función de supervisión de la política del Banco cambiándola de obligatoria a voluntaria, asimismo se suprime la instalación automática del Panel independiente de expertos en casos de proyectos del alto riesgo, lo que obstaculiza el monitoreo adecuado, señala la fuente.
La nueva política plantearía la inhabilitación de la cláusula sobre pueblos indígenas, dejando abierta la posibilidad de que ésta no sea aplicable por los gobiernos en “ciertas situaciones”. Esto socavaría seriamente los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la propiedad colectiva de sus tierras, territorios y recursos, ya que se elimina los requisitos de estudios de referencia para informar sobre la protección del derecho a la tierra, el sustento y la vivienda adecuada. Ello implicaría que las comunidades afectadas queden desprotegidas, ante desalojos forzosos o desplazamientos económicos y físicos.
Otro tema que alerta es el cambio significativo en la responsabilidad de los prestatarios al aplicar las salvaguardas del BM, pues no se menciona cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios ni se establecen los criterios para determinar en qué casos esto último será aceptable.
Debe considerarse que varios países –entre ellos el nuestro– están pasando por un proceso de debilitamiento de sus marcos socio-ambientales, por ejemplo con la Ley N° 30230 se debilita la autoridad y la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); así como, la coordinación intersectorial y control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del recién creado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).
Con estos supuestos se dejaría a los prestatarios la elección y aplicación del sistema país atentaría contra los más altos estándares socio-ambientales.
Estas y otras observaciones fueron presentadas, el 24 de julio, a los miembros del Comité de Eficacia de Desarrollo (CODE) y a los Directores Ejecutivos del BM, mediante carta suscrita por 49 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), solicitando se modifiquen dichos aspectos antes de pasar a una segunda fase de revisión y consulta, no siendo consideradas por el BM, en la reunión del 31 de julio pasado.
Es importante impulsar en el BM políticas se salvaguardas socio-ambientales con altos estándares internacionales, lo contrario marcaría un mal precedente en otros bancos multilaterales, Instituciones Financieras Internacionales, Bancos Nacionales de Desarrollo o iniciativas como el Fondo Verde Climático, sostuvo César Gamboa, director Ejecutivo de DAR.
Gamboa añadió que «el debilitamiento de las salvaguardas del Banco Mundial responde a una consolidación de un nuevo proceso de reconfiguración en las reglas de juego de las inversiones en infraestructura y energía a nivel global, regional y nacional con actores como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y, el recién creado Banco de los BRICS que amenaza con manejar estándares socio-ambientales muy bajos» precisó además que «a nivel nacional se ha debilitado o flexibilizado la institucionalidad ambiental para facilitar a las inversiones sin considerar los graves impactos a las poblaciones y a la naturaleza».
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