El escenario electoral se ha revertido y, aunque falta el resultado oficial – la tendencia sigue a favor del candidato Pedro Pablo Kuczynski -, vale recordar cómo llegamos a este resultado, básicamente con una acción social y política desde diversos sectores en el país que se han expresado como un hito de participación y de reconocimiento de decisión política; desde los colectivos ciudadanos: organizaciones de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas, de instituciones que luchan contra la corrupción; los periodistas que han contribuido con la investigación para visibilizar los casos actuales y los anteriores; por supuesto los actores políticos que compitieron en la primera vuelta convocando al voto por la democracia.
Se ha tratado de un movimiento ciudadano y de acción política articulada no alrededor de un líder sino de una defensa más amplia de la democracia. En ese contexto, quiero destacar la activa participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos a través de una permanente presencia –y agencia- de sus organizaciones en defensa de sus derechos ante la sociedad y el Estado no solo en esta campaña electoral sino en los últimos años. Me refiero por ejemplo a la campaña Reúne, que buscaba dotar de un enfoque humanitario y no solo normativo a la búsqueda de más de 15,000 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en el Perú. Con apoyo de la Defensoría del Pueblo, la propuesta de Reúne se convirtió en una ley aprobada por el Congreso de la República el mes pasado, ahora queda pendiente que sea promulgada por el presidente Ollanta Humala. Este esfuerzo, que viene de distintos sectores sociales, no ha concluido. Es momento de recordar la Agenda de Derechos Humanos que planteara el IDEHPUCP al inicio de la campaña electoral cuando convocó a todos los candidatos para formular una agenda mínima de derechos humanos, enfocada en los elementos claves de la justicia transicional: la búsqueda de la verdad, la justicia, las reparaciones y la memoria de las víctimas del periodo de violencia que ha vivido nuestro país entre 1980 y 2000.
Cuando el IDEHPUCP se reunió con representantes de diversas candidaturas, identificó que existía desinformación sobre las tareas de justicia transicional que tenían por delante, algunos no conocían el tema en profundidad o lo plantearon como una estrategia de marketing político, en el sentido de atraer nuevos votantes. Solo dos grupos políticos (PPK y el FA) plantearon medidas de políticas pensadas en los derechos de las víctimas, los demás grupos plantearon temas más procedimentales, de campaña u omitieron el tema. Mientras que Fuerza Popular propuso incorporar a las víctimas militares y policiales al Plan Integral de Reparaciones, aspecto que ya ha sido incorporado en el PIR.
El nuevo gobierno tiene por delante honrar el apoyo de los diversos sectores, que ha decidido recordar los crímenes y violaciones a los derechos humanos en el infausto periodo de la guerra interna, así como los delitos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y matanzas que se cometieron contra casi 70 mil peruanos. Las distintas maneras de hacer memoria, de recordar los hechos a través de personas, visibiliza una relación más estrecha entre democracia y derechos humanos. La memoria ha jugado un papel relevante en este proceso electoral. Ha permitido que ciertos asuntos públicos de importancia, como la defensa de los derechos humanos y las deudas frente al pasado violento, estén presentes en el debate electoral, aunque no con suficiente fuerza. Pero la memoria no es solamente un elemento que haya servido como elemento del debate sino que es también una agenda para el siguiente periodo de gobierno y es, además, un elemento movilizador de ciertos sectores ciudadanos como los grupos de víctimas y los sectores comprometidos con la promoción de los derechos humanos y con la consolidación de la democracia.
Y ese el gran desafío del nuevo gobierno, no quedarse solo en la victoria que sabemos será muy apretada, sino en cómo garantiza la gobernabilidad en medio del fortalecimiento de la democracia que la mayoría de peruanos ha salido a defender en las urnas este domingo. Recordar que la gobernabilidad no se garantiza con los beneficios del crecimiento económico, sino con las políticas que ayuden a convertir ese crecimiento en políticas de reparaciones para las víctimas de la violencia. Tenemos un conflicto irresuelto, tanto por las narrativas polarizadas sobre el mismo como por la falta de interés en las políticas de memoria. Resolver las tareas sobre justicia transicional es un tema fundamental para la gobernabilidad democrática. La memoria se ha abierto paso, corresponde al nuevo gobierno honrar su espacio con políticas públicas integrales, así se fortalece la democracia.