Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechazó la iniciativa planteada por el congresista aprista Edgar Núñez de amnistiar a los militares y policías que hayan cometido violaciones a los derechos humanos y dijo que le preocupa que el parlamentario repita la falacia de que para vencer a la subversión hay que violar derechos humanos, y luego amnistiarlos.
En ese sentido, recordó que el trabajo de inteligencia policial logró importantes resultados en la lucha contra Sendero, como la captura de Abimael Guzmán, todo lo contrario a los casos Cayara, Cantuta y Barrios Altos, que no tuvieron ningún tipo de efecto en esa lucha contrasubversiva.
Igualmente, indicó que la petición de dar amnistía a los militares autores de muertes en enfrentamientos no puede ocurrir porque existe el principio de defensa, consagrado en el Código Penal.
«No hay ningún tipo de posibilidad real de personas procesadas por esto, sólo se está procesando a los que han violado mujeres, matado niños, desaparecido personas, como los del Grupo Colina».
También lamentó la escasa información del parlamentario y recordó que los juicios por derechos humanos de las décadas pasadas que involucraban a militares se retrasaron justamente por la ley de amnistía dada en 1995 por el gobierno de Alberto Fujimori.
Avances en investigaciones del caso Pichis
Jugo se refirió asimismo al reciente caso de personas fallecidas en la localidad de Pichis, Río Seco, en el Vizcatán, región Ayacucho, luego de una incursión militar el 14 de setiembre último para erradicar el narcoterrorismo. Precisó que los médicos forenses identificaron los restos de los pobladores y sólo falta determinar la causa de sus muertes, pues, según indicó, las víctimas recibieron balas de 9 milímetros y se desconoce si fue producto de alguna ejecución o durante algún enfrentamiento.
Jugo instó a las Fuerzas Armadas a no afectar a personas inocentes no comprometidas en el conflicto. «Deben tomar mayores medidas para no hacerlo, sino estaríamos repitiendo experiencias del pasado que serían muy perjudiciales para todos nosotros», recalcó.
Igualmente, dijo que de determinarse la existencia de aniquilamientos extrajudiciales, se tendría que iniciar un proceso e identificar a los autores.
Estimó que en ese caso «habría una responsabilidad en la línea de mando y las personas a cargo del operativo, tienen que hacer una individualización de los que han cometido los crímenes y de quienes no cumplieron el derecho internacional humanitario de no afectar a poblaciones civiles en zonas de alta violencia», remarcó.