LIMA. El gobierno de Dina Boluarte tiene ya más de 60 muertes, 120 heridos y más de mil detenciones arbitrarias. Esa es su respuesta desproporcionada y violenta a las protestas sociales que se iniciaron en diciembre pasado.
El Ejecutivo y sectores ultraconservadores de la política nacional han emprendido un ataque sistemático que estigmatiza y denigra a las personas que participan en las movilizaciones sociales pacíficas (mayoritariamente andinas), calificándolas como terroristas, burlando incluso sus símbolos étnicos y culturales, con el fin de anular sus demandas sociales.
En respuesta a esta situación, la Asociación Pro Derechos HUmanos lanza la campaña No al terruqueo, que busca (i) informar a quienes están manifestándose acerca de sus derechos y el marco normativo que les ampara, (ii) dignificar a la población que, de manera espontánea, está expresando su descontento a través de cauces democráticos como la protesta pacífica, (iii) hacer un registro de las personas que vienen siendo difamadas para poder visibilizar esta práctica a nivel internacional, y (iv) denunciar el carácter racista y clasista de esta represión desproporcionada contra la población.
Como parte de la campaña se ha puesto a disposición pública la web https://terruqueo.pe/ donde hay información y herramientas jurídicas para quienes sufren este tipo de difamación, como: formatos de pedido de garantía personal, los pasos a seguir si deseas hacer una denuncia ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, podrán dejar su testimonio para ser incluidas en el registro de víctimas de esta práctica vejatoria.
De acuerdo con la legislación vigente, acusar a alguien, o tildarlo como ‘terrorista’ sin evidencias, se considera un delito grave de difamación, ya que puede tener diversas repercusiones en la vida de la persona afectada e incluso su familia.
La directora de Aprodeh, Gloria Cano, señala que el terruqueo ha sido usado ya desde décadas atrás, en los primeros años de la violencia política, para justificar las detenciones arbitrarias, las torturas y muertes, es decir, delitos de lesa humanidad.
“El uso del terruqueo tiene mayores efectos que cualquier otro tipo de difamación, porque te aísla socialmente, te perjudica laboralmente, daña tu honor y dignidad, incluso la posibilidad de que se te inicie una investigación por terrorismo. Es algo grave, y requiere procedimientos, como: contratar a un abogado para que asuma la denuncia por difamación, pagar aranceles y dar seguimiento al proceso. Como las personas no tienen acceso a continuar un procedimiento así es que se da tanta impunidad en el país”, precisó.
Agrega que “es como que estuviéramos volviendo a los años 80 y 90, pero no por el terrorismo, sino por el accionar de las fuerzas del orden, porque estamos viendo en Ayacucho que detienen a personas, las meten a una camioneta, las llevan al cuartel Los Cabitos, no permiten que el juez constitucional los vea a pesar del habeas corpus, y los llevan en avioneta hacia Lima sin que nadie sepa su paradero, sin permitir a sus abogados acceder a ellos, sin que el juez constitucional verifique las condiciones de la detención, eso solo lo veíamos en los 80 y 90”.
Para Eduardo Cáceres, investigador de Aprodeh, el terruqueo institucionalizado por el Ejecutivo va a tener respuesta de los organismos de derechos humanos, denunciando a quienes “terruquean”. “Tenemos un antecedente importante: hace unas semanas Anahí Durand ha ganado un caso, contra la periodista Milagros Leiva, por difamación agravada”.
La gravedad de la situación reside en que las autoridades están promoviendo que los casos de abuso continúen, incrementando la polarización y un ambiente exacerbado. Así, el estigma del terruqueo toma preocupante presencia en sectores desinformados de la sociedad, o en quienes están a favor de “meter bala”, como plantean actores políticos de la ultraderecha.
Si eres víctima de terruqueo, te están difamando: ¡DENÚNCIALO! Deja tu testimonio en https://terruqueo.pe/
