El Comercio. Lo que está pasando en las provincias de Pasco, Oxapampa y Daniel A. Carrión, donde unos dos mil campesinos han dejado sus tierras de cultivo con la finalidad de invadir las zonas altas de la región Pasco para extraer oro de manera ilegal, es una clara muestra de la ausencia del Estado y de la pasividad de sus autoridades que nada han hecho para regular una actividad económica que tiene que regirse por leyes que son de obligatorio cumplimiento en toda la República.
¿Qué esperan el Ministerio de Energía y Minas y las autoridades de la región Pasco para erradicar una actividad ilegal, que no solo afecta derechos patrimoniales, pues en el lugar existen propietarios y concesiones mineras formales, sino que contamina con arsénico y mercurio campos y ríos, causando una grave descomposición social, pues promueve la trata de personas y la prostitución infantil?
¿Acaso el ejemplo de Madre de Dios y de otros lugares del país, como Piura, La Libertad, Ayacucho, entre otros, donde se depredan bosques y se contamina seriamente, no es suficiente para motivar la actuación de las autoridades y regular una actividad que está normada para evitar, precisamente, esa contaminación y descomposición social?
Ante esta situación que recién comienza en Pasco, el Gobierno Central y la región Pasco no pueden quedarse con los brazos cruzados, como lamentablemente ocurre en otros lugares del país.
Es necesario, por el bien de la nación y para proteger nuestra valiosa biodiversidad, la formalización de la actividad minera ilegal en los lugares donde pueda desarrollarse y su erradicación en aquellos sitios donde el entorno ambiental corra grave riesgo. Y para todo ello no se requiere de nuevas normas, sino hacer cumplir las ya existentes dentro de una estrategia que debe mantenerse como una política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno, y los intereses particulares, económicos y políticos.