Una gran parte de los niños del valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE, se inician con las labores del sembrado y la cosecha de los cultivos de la hoja de coca ilegal a partir de los ocho años e inclusive algunas investigaciones periodísticas han podido constatar que muchos de ellos ya participan en el proceso de elaboración de pasta básica de cocaína.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana (IRMA) en el VRAE, es usual que los agricultores cocaleros, principalmente emigrantes de la serranía ayacuchana, realicen el sembrado, deshierbe, fumigación y la cosecha de sus cultivos de coca, acompañados de sus menores hijos.
“Lo que hemos podido observar con mucha pena es como niños desde los ocho años de edad participan, conjuntamente con sus padres, en todo el proceso de producción de la hoja de coca. Lo perjudicial de esto es que la hoja de coca no es un cultivo cualquiera pues para optimizar su rendimiento, los agricultores utilizan gran cantidad de productos agroquímicos, altamente tóxicos, que causan daños irreversibles los niños que se encuentran en pleno proceso de formación¨, declaró a INFOREGION, Maritza Mendoza, directora de IRMA.
Mendoza señala que esta actividad se repite todos los días, sobre todo en las vacaciones escolares, pues la coca se produce durante todo el año con un rendimiento de tres y hasta cuatro cosechas anuales, dependiendo de la cantidad de agroquímicos que se utilicen.
“La coca es lo que más plata nos da a diferencia de otros productos. Ayudo a mis papás desde que tenía 9 años en la siembra y cosecha de la coca. Dejé de ir a mis clases porque hay que trabajar y porque además tengo hermanos menores que necesitan. Ahora trabajo para otras personas que me pagan entre S/.70 y S/.90 al día”, señala un adolescente de 15 años del distrito ayacuchano de Santa Rosa.
Menores en producción de drogas
Lo peor es que muchos de los menores participan además en la producción de la pasta básica de cocaína, al pisar la coca para extraer el alcaloide en las pozas de maceración, tal como comprobó hace poco el periodista de investigación Ross Kemp en el documental “Batalla por la Amazonía” elaborado para la prestigiosa cadena Discovery Channel.
En el capítulo dedicado a la Amazonía peruana el hombre de prensa se internó en los lugares más recónditos del VRAE para desenmarañar los efectos nocivos que genera la poderosa cadena del narcotráfico.
Al acompañar directamente a los narcotraficantes a una poza de maceración dijo textualmente: “En medio de un fuerte olor a insumos químicos se produce la pasta básica de cocaína… Pero lo que más me impresionó es ver a niños pequeños involucrados en el proceso y apreciar cómo se vierten miles de litros de ácido, parafina y de blanqueador directamente al río. Piensen que este no es el único laboratorio en el VRAE. Esto se repite simultáneamente todos los días del año” alertó.
Lo más grave de todo ello es que ahí no termina la cadena pues muchos de estos menores al crecer y llegar hasta el periodo de la adolescencia y la juventud se involucran en el traslado de la pasta básica de cocaína o el clorhidrato de cocaína hacia las ciudades por los caminos accidentados de herradura, a cambio de 100 a 200 dólares por viaje.
No hay Estado
Para Martiza Espinosa el problema radica en la ausencia del Estado en sectores claves como en la educación, pues en las zonas rurales muchos de los niños no tienen opciones de ir a las escuelas por lo que se dedican a ayudar a sus padres en la producción de la hoja de coca.
“El Estado no puede dejar de cumplir con su responsabilidad de brindar oportunidades de desarrollo a la población mediante una educación de calidad. Lamentablemente estos padres de familia no tienen ni siquiera la primaria completa y desconocen los riesgos a los que exponen a sus menores hijos al involucrarlos en el círculo del narcotráfico” sostiene.
Indicó además que otro problema que se repite es la gran cantidad de embarazos en adolescentes y la trata de personas de adolescentes con fines de explotación sexual, los mismos que fueron alertados en una investigación previa presentada al gobierno regional de Ayacucho y otras instancias gubernamentales.
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