La comunidad cacataibo de Puerto Azul, ubicada en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, viene solicitando a diferentes organismos estatales, desde hace 16 años, la ampliación de su territorio a 42 mil hectáreas, debido a la grave contaminación y la deforestación que generan en sus territorios los colonos, los cocaleros y los madereros ilegales.
Así lo aseguró el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo, FENACOCA, Fernando Estrella quien reclamó al Estado la atención de sus demandas porque actualmente «existe una situación de conflicto» en su zona.
“Las mujeres de la comunidad han dicho que ningún maderero pasará por esa zona mientras no se cumpla el proceso de titulación de estas tierras”, advirtió.
Estrella indicó que desde febrero de 1994 los representantes de la comunidad y de la Dirección Regional Agraria acordaron oficialmente iniciar el trámite de ampliación de su territorio, sobre la base de un censo.
Sin embargo, “pasaron los años y no hubo ninguna respuesta pese a los pedidos reiterados de los nativos”.
Señaló que en lugar de recibir la atención necesaria, ocurrió todo lo contrario.
A partir del 2003 y mediante la Ley Forestal 27308, el Inrena entregó a las madereras “Proyect World Green Perú” y “Forestal el Aguajal” cuatro concesiones, cuyas áreas se superponían al territorio pedido por la comunidad Puerto Azul.
Ante esta situación, en junio del 2004 la Fenacoca pidió al Inrena que excluya las concesiones forestales sobrepuestas. En respuesta el Inrena pidió a la comunidad una nueva demarcación que demostrara que esas zonas no eran bosques destinados a actividades forestales, para proceder a anular las concesiones que estaban sobreexpuestas.
Finalmente la comunidad cacataibo entregó a la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, mapas que prueban las zonas deforestadas y otras amenazadas por la tala, y que justifican la necesidad de la exclusión de los bosques encontrados dentro del área de ampliación de la comunidad y la anulación de las concesiones, pero hasta la fecha no hay respuesta.
“El Estado no se pronuncia. Hemos cumplido con todos los requisitos, ahora nuestro temor es que nos pidan más documentos”, comentó Estrella.
Por su parte, el presidente de la comunidad Puerto Azul, Angel Simón, alertó sobre el grado de contaminación de los ríos de la zona por la acción de los madereros y cocaleros ilegales.
«Ya no hay peces en nuestros ríos porque los madereros los han contaminado con gasolina y los cocaleros vierten sus desechos de agroquímicos en sus aguas» lamentó.
El dirigente reclamó dar una inmediata solución a este grave problema de la contaminación de sus ríos, dado que constituyen la despensa alimenticia para los miembros de su comunidad en donde se han detectado altos índices de desnutrición.
Los comentarios están cerrados.