Expreso. Existe una creciente conciencia sobre el significado y las implicancias de la infiltración narco en la política peruana. El incremento de la coca ilícita y la expansión territorial del narcotráfico en el país, ratificados en el último informe de ONUDD, son factores de alto riesgo para la democracia que es preciso tener en cuenta en las elecciones municipales y regionales de este año y en las presidenciales y congresales del 2011.
Tal como ocurrió en Colombia, luego de lograr el dominio territorial y económico de un espacio determinado, el narcotráfico aspira a controlarlo social y políticamente. Es decir, la industria delictiva pretende conquistar la mente y la voluntad de los ciudadanos. Mostrarles los “beneficios” de seguir vinculados a la producción de drogas e impulsar una “coexistencia pacífica” con quienes tienen el deber de reprimirla.
El ideal narco es que todos nos hagamos de la “vista gorda” frente a sus actividades criminales y dineros mal habidos. Mediante ingentes recursos e indiferencia ciudadana, el narcotráfico construye una base social de respaldo político que socava los fundamentos democráticos de la República.
Cuando se observan los mapas de riesgo electoral en Colombia, se aprecia claramente el vínculo de la política regional-local con las zonas de producción de coca y los corredores de salida de la droga.
Es muy probable que un mapa de riesgo electoral en el Perú nos muestre lo que viene sucediendo en Huánuco (en donde no existe ninguna lista electoral que quiera deslindar con los intereses de la coca), o en Puno, en donde los cultivos ilícitos vienen creciendo a tasas mayores que en otras regiones.
El 9 de julio Devida, Transparencia e Ideas Internacional organizaron el seminario “Elecciones y crimen organizado”. El evento fue un buen comienzo para avanzar en el Pacto Ético contra el Narcotráfico que impulsa Devida.
El tema de fondo tiene que ver con: 1) Una voluntad explícita de los partidos de combatir el avance narco y ejercer un control eficaz al interior de sus organizaciones, y 2) El cumplimiento de la ley de partidos que establece la asignación de fondos públicos para estas organizaciones (¿cómo pueden los partidos filtrar, viajar, organizar, capacitar, si no cuentan con recursos? ¿Cómo establecerse en las zonas de producción o tránsito de drogas?).
Fortalecer el sistema de partidos es un asunto crucial para la democracia y ello pasa por la asignación de recursos que permitan la presencia partidaria en zonas de riesgo.